El gobierno ampliará las zonas militares en Comcar y Libertad

1/1

El gobierno aplicará un paquete de medidas carcelarias que van desde la ampliación de las zonas militares en Comcar y Libertad hasta la reconstrucción, en forma directa, de los módulos destruidos por el motín.

El viernes 18, equipos de los ministerios de Interior y de Defensa se reunieron para analizar la reglamentación de la ley que habilita a los militares a controlar los ingresos a las cárceles.

Según fuentes policiales, a pedido de militares se instalará una tercera cerca perimetral en los establecimientos de Comcar y Libertad que incluirá las garitas donde vigilan los efectivos castrenses. Es decir, que se ampliará la zona a cargo del Ejército en los principales penales uruguayos. Además, se definió dónde debían establecerse los elementos de seguridad de esa tercera cerca, como la instalación de la concertina -especie de alambrada muy filosa-, sistemas de focos y garitas.

La ampliación de esas zonas es una vieja aspiración del Ejército. El 24 de junio del año pasado, el comandante de la División de Ejército N° 2, Wile Purtscher dijo a El País que había presentado un anteproyecto de ley al Comando del Ejército que habilitaba a soldados de guardia en Libertad a responder ataques desde fuera del perímetro militar.

Este establecimiento de máxima seguridad cuenta con un doble vallado que rodea el edificio. Hay un espacio de tierra de unos 50 metros que los guardias policiales denominan "perímetro" que se rige por la normativa castrense.

Aquel recluso que intente cruzar esa zona y saltar el último vallado, recibirá una voz de alto de los soldados que realizan la guardia externa en una garita. La normativa faculta al soldado a disparar para evitar la huida. Actualmente, unos 200 efectivos provenientes de varias unidades militares realizan guardias en las garitas cuidando la seguridad externa del penal de Libertad.

En el Comcar la situación del área perimetral es distinta. La construcción de 1.000 plazas en el correr de este año determinará que se modifiquen los perimetrales y la ubicación de la tercera cerca acordada con los militares.

Ayer, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo al presidente del Directorio del Partido Nacional, senador Luis Alberto Heber, y al diputado de Unidad Nacional, Gustavo Borsari, que la reconstrucción de los módulos 4 y 5 del Comcar -destruidos en un motín ocurrido el 25 de abril pasado- se adjudicará en forma directa. Agregó que las normas administrativas (Tocaf) permiten realizar un llamado a empresas sin licitación si se fundamenta la emergencia. Durante el encuentro, el director de Policía, Julio Guarteche llamó a los parlamentarios blancos a apoyar un proyecto para reinstalar el Código y los Juzgados de Faltas, porque éstos son la "primera línea de combate" a la delincuencia.

Dentro de las propuestas que analiza el gobierno se encuentra el pasaje del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a un organismo desconcentrado.

Según fuentes gubernamentales, esto demandará todo este período de gobierno, ya que requiere que el comando del nuevo instituto este a cargo de personal civil. En este momento, el Instituto de Rehabilitación (INR) cuenta con personal policial y técnicos a su frente.

PREVENCIÓN. El lunes 21, el presidente José Mujica se reunió con los ministros Bonomi, Eleuterio Fernández Huidobro (Defensa) y Luis Almagro (Relaciones Exteriores) para analizar la presentación en las próximas horas de un paquete de medidas contra los delitos contra la propiedad (rapiñas y hurtos), que han crecido en los primeros cuatro meses de 2012 en comparación con igual período del año anterior.

Las medidas apuntarán, además, a bajar los guarismos de delitos contra las personas, como asesinatos por rapiñas, violencia doméstica y ajustes de cuentas.

Bonomi también es partidario de profundizar la reestructura de la Jefatura de Montevideo iniciada por el jefe Diego Fernández en enero de este año.

"El despliegue de las comisarías es del año 40. Si no se modifica eso es muy difícil que se pueda dar respuesta. Estamos tratando de cambiar creando alguna comisaría", dijo el jerarca gubernamental.

El Ministerio del Interior pretende que la Jefatura capitalina continúe realizando operativos de saturación en barrios marginales e intensificar el trabajo de las comisiones de violencia doméstica. Mediante un convenio con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu), se detectará si éstas son suficientes o si necesitan de más personal.

SILENCIO. El prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa, dijo que no está previsto anunciar medidas tras el gabinete de seguridad que se desarrollará hoy a partir de las 8 de la mañana. "Se va a pasar en limpio lo que se ha hecho, su impacto y se hará un diagnóstico de la situación y de lo que se hará. Eso lleva trabajo y por eso estas dos reuniones" del gabinete de seguridad durante esta semana, afirmó el jerarca a El País.

A los integrantes habituales del gabinete de seguridad se sumó esta semana a los ministros Daniel Olesker (Desarrollo Social) y Ricardo Ehrlich (Educación), puesto que se considera que medidas de sus secretarías de Estado tienen injerencia en la seguridad y pueden ser importantes para bajar la criminalidad. El Ejecutivo busca un abordaje integral del problema.

El juez de menores Gerardo Peduzzi ordenó ayer la internación de un adolescente de 17 años, de iniciales

C.D.P.F, que admitió haber asesinado a un joven de 25 años en el barrio Nuevo París el pasado 4 de mayo.

El menor, que tiene antecedentes por rapiña, pretendía ingresar a una banda de esa zona que se dedica al tráfico de drogas, y cometió el homicidio ya que eso se le pidió como "examen de ingreso" al grupo delictivo, según informó ayer el diario El Observador.

Así lo admitió el joven ante el juez Peduzzi y el fiscal Gilberto Rodríguez, cuando fue interrogado el lunes y también ayer.

Por el homicidio, días atrás el juez penal Alejandro Guido indagó a dos adultos pero los dejó en libertad por falta de mérito para poder procesarlos.

Incluso, el magistrado Peduzzi le pidió a su colega Guido los antecedentes del caso en relación a los adultos a fin de corroborar los dichos del menor.

"Lo que yo tengo jurídicamente probado es que este muchacho lo mató, pero los motivos no están claros", dijo Peduzzi ayer a El País. El magistrado aclaró que el hecho de que cometió el homicidio como vía para ingresar a un grupo delictivo es una "versión" que dio el menor en su declaración, pero que se tendrá que indagar a nivel de la investigación de adultos. "El hecho de que fue otra persona que lo obligó depende de lo que cada uno declara y diga en cada momento. A veces son versiones reales y otras no", explicó el juez de menores.

LA PASIVA. Aunque en circunstancias diferentes, este es el segundo caso de homicidio cometido por menores e instigado por adultos que se conoce en menos de una semana.

En el caso del brutal homicidio del trabajador de La Pasiva, la Justicia comprobó que el asalto que derivó en el asesinato de Gastón Hernández fue instigado por una extrabajadora de local, quien fue enviada a prisión por el juez Guido.

El homicidio en La Pasiva, que fue cometido por dos menores que ya fueron enjuiciados con privación de libertad, fue promovido por la extrabajadora del local aunque los jóvenes no actuaron como sicarios. "Contratados no sería la palabra. Sería instigados a cometer la rapiña", dijo Guido.