Proxeneta reclutó y envió a Italia a 20 jóvenes uruguayas

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La Justicia procesó ayer a dos hombres que se dedicaban a llevar mujeres a Italia para que ejercieran la prostitución. Se comprobó que recibían en Montevideo giros de 1.500 euros semanales que enviaba cada joven. La investigación continúa.

El Departamento de Delitos Económicos de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol comenzó la indagatoria en 2011, alertado por la frecuencia y los montos de los giros provenientes de Italia que recibía Jonathan Falero.

Así, la investigación se centró en la hipótesis de que el hombre, de 29 años de edad, se dedicaba a blanquear en Uruguay dinero generado por delitos cometidos en Italia.

Pero a medida que la investigación avanzó, se pudo determinar que, en realidad, se trataba de una organización de proxenetas que reclutaba jóvenes en Montevideo y las trasladaba al país europeo para ejercer la prostitución principalmente en la ciudad de Florencia, en el norte de Italia.

Tras una extensa investigación que incluyó escuchas telefónicas y seguimientos, la Policía logró las pruebas necesarias y el miércoles 2 detuvo a Falero, a otro hombre y a dos mujeres.

Los indagados fueron conducidos ayer ante el juez Gerardo Martínez (quien subroga a la magistrada Graciela Gatti al frente del juzgado especializado en crimen organizado) y la fiscal Mónica Ferrero.

El magistrado procesó con prisión a Falero (quien posee antecedentes en Uruguay por rapiña y proxenetismo en Italia) por "un delito continuado de proxenetismo".

Y sin prisión por "asistencia a la actividad de proxenetismo" a Dany Carneiro, de 44 años, quien posee antecedentes por rapiña y copamiento.

Durante la indagatoria se comprobó que la participación de Carneiro se limitó a retirar algunos giros por orden de Falero, y por eso logró un procesamiento sin prisión.

En tanto, las dos mujeres que también fueron indagadas ayer quedaron en libertad ya que el juez Martínez y la fiscal Ferrero no encontraron elementos suficientes como para procesarlas.

Fuentes vinculadas al caso dijeron a El País que la investigación todavía no está cerrada y que se apunta a un familiar de Falero que actualmente se encuentra en Italia y que sería quien tiene a su cargo la coordinación de las acciones desde el país europeo.

Además, según las fuentes, ahora se retomará la investigación por lavado de activos, con el objetivo de determinar en qué invirtieron los proxenetas el dinero que recibían desde Italia.

Incluso, la indagatoria se está realizando en coordinación con la oficina de Interpol en Italia, por lo que es factible que los investigadores de ese país también aporten elementos a la causa.

La Policía sabe que actualmente hay mujeres uruguayas ejerciendo la prostitución en Italia y que fueron llevadas por esta organización, aunque no tiene certeza sobre la cantidad, ya que muchas jóvenes regresaron en los últimos tiempos, señalaron las fuentes consultadas.

LA OPERATIVA. Falero estaba dedicado al proxenetismo desde hace varios y desde que comenzó con esta actividad ilícita reclutó y envió a Italia a no menos de 20 mujeres, todas menores de 25 años, dijeron las fuentes.

El ahora procesado, que está vinculado a la actividad del turf, contactaba a la mujeres en boliches y bares de la costa de Montevideo, principalmente de Pocitos.

Los informantes dijeron que en ningún caso las mujeres fueron engañadas, sino que eran conscientes de que viajaban para prostituirse.

Así, el hombre ofrecía a las jóvenes la posibilidad de trasladarse a Italia para ejercer la prostitución, aunque bajo la condición de enviarle dinero en forma regular.

A las mujeres se les pagaba el pasaje y el alojamiento, pero tenían que girarle a Falero y a otras personas que él designaba 1.500 euros por semana. Igualmente, a las jóvenes les quedaba una ganancia de 3.000 euros semanales.

Las mujeres normalmente viajaban Italia de a dos, y permanecían allí durante seis meses, período de tiempo previsto para la estadía de los turistas. Luego regresaban a Montevideo y pasado un tiempo -normalmente tres meses- se les ofrecía volver a Italia, dijeron las fuentes.

De hecho, los investigadores lograron ubicar a varias de las mujeres y si bien ninguna quiso formular denuncia, sí aportaron datos e información sobre la operativa.

Ayer, ante el juez Martínez y la fiscal Ferrero, Falero negó en todo momento que se tratara de una red de proxenetismo, pero las pruebas reunidas en su contra -principalmente los registros de los giros que cobró- determinaron su procesamiento con prisión.

ANTECEDENTE. En el pasado mes de febrero la Justicia y la Policía desarticularon una organización que desde Uruguay se dedicaba llevar a Argentina a jóvenes modelos para que se desempeñaran como prostitutas VIP.

En el marco de causa, que está a cargo de la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti, fueron procesados con prisión el relacionista público José Miguel Acosta y otra persona de iniciales R.R.D, a quienes fueron imputados por los delitos de "proxenetismo" y "trata de personas".

Al momento de dictar ambos procesamientos, la jueza Gatti decidió tramitar la extradición del representante de modelos argentino Leandro Santos, cuyo nombre había sido mencionado por los imputados y también por varios testigos.

Sin embargo, a mediados de marzo, la magistrada dejó sin efecto "por el momento" el requerimiento de Santos, y así lo notificó a su par argentino que había recibido la solicitud de extradición. La jueza Gatti mantuvo la orden de detención a nivel nacional contra Santos, por lo que si ingresa a Uruguay será aprehendido.

Es la cifra en euros que las jóvenes que viajaban a Italia para prostituirse enviaban semanalmente al proxeneta uruguayo.

El delito de proxenetismo se castiga en Uruguay desde el 19 de mayo de 1927, cuando se aprobó la ley 8.080, que regula esa figura delictiva.

"Toda persona de uno u otro sexo, que explote la prostitución de otra contribuyendo a ello en cualquier forma con ánimo de lucro, aunque haya mediado el consentimiento de la víctima, será castigada con dos a ocho años de penitenciaría. En caso de reincidencia las agravantes se aplicarán sobre el máximum de la pena legal", dice el artículo 1° de la ley.

Asimismo, la ley sobre Migraciones aprobada en enero de 2008 castiga con una pena de entre cuatro y 16 años de prisión a quien "de cualquier manera o por cualquier medio participare en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos (...)".