El Banco Central (BCU) redactará de nuevo algunos artículos del proyecto de ley que obliga a los propietarios de títulos al portador a identificarse para "mejorar" la "redacción" de los mismos "sin tocar la filosofía" del texto, dijo a El País el legislador frenteamplista e integrante de la Comisión de Hacienda de Diputados, Alfredo Asti.
Las modificaciones se harán en "acuerdo con (el Ministerio de) Economía" que fue quien elaboró el proyecto, agregó. Los cambios refieren a temas de "procedimiento de cómo se va a realizar el registro de accionistas" al portador y se van a "dividir" los roles del BCU y la Auditoría Interna de la Nación (AIN) en forma "más clara", expresó Asti. A su vez se "aclararán temas de secreto bancario", señaló.
El proyecto original establece que el registro estará en el BCU, pero será la AIN la encargada de detectar los incumplimientos de informar y el BCU el que sancione. "Creemos que se debe definir el alcance, la función y las relaciones del BCU con otros organismos, en particular con la AIN", dijo el presidente del Central, Mario Bergara la semana pasada en la Comisión de Hacienda de Diputados.
"No es imprescindible que sea el Banco Central el que haga la fiscalización, el que salga atrás de las 40.900 sociedades anónimas que hay hoy, porque implicaría una actividad que no solo requeriría recursos espe- cíficos nada despreciables -confundiendo un poco roles con la Auditoría-, sino que además lo sacaría de su vocación institucional, de sus funciones primordiales", remarcó Bergara.
El otro cambio importante tiene que ver con la redacción del artículo 19 del proyecto, que a juicio del director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio de Brun "en un contexto totalmente ajeno, borra de un plumazo el secreto bancario en lo que tiene que ver con su oposición a la Dirección General Impositiva".
Asti explicó que el mismo está referido a que la DGI pueda acceder a los datos de "las entidades que llevan registros, como la Bolsa de Valores, que pueden ir registrando todas las acciones y títulos escriturales" y no al secreto bancario. Eso se clarificará en la redacción.
La idea es que el proyecto con el nuevo texto pueda ser votado en la "próxima sesión de la comisión", afirmó el diputado y que sea votado por la Cámara en alguna sesión de mayo para luego ir al Senado.
Con este proyecto, Uruguay cumplirá con el estándar internacional en transparencia tributaria.