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Por única vez y como premio a los jubilados que hayan retomado la actividad, el Banco de Previsión Social les dará un salario extra cuando definan su retiro definitivo. También se asegurará que su nueva jubilación no sea menor a la que ya tenían.

Esos beneficios y garantías se incluirán en el régimen voluntario que hará compatibles la jubilación y el trabajo, para lo que el gobierno está elaborando un proyecto de ley, según informaron ayer autoridades del Ministerio de Trabajo (MTSS) y del Banco de Previsión Social (BPS) en conferencia de prensa.

El presidente del BPS, Ernesto Murro, informó que cuando el jubilado reingresado se retire definitivamente "recibirá del BPS una compensación especial por única vez equivalente al promedio del sueldo nominal por el cual haya aportado durante el período de trabajo". Por tanto, en ese lapso cobrará jubilación, salario y al final el BPS le dará como premio un sueldo extra. Además, se le garantizará que la jubilación definitiva que se les recalcule sea mejor o igual a la que tenían antes. Mientras estén activos, los jubilados harán aportes pero solo al BPS -no a la AFAP- y mantendrán sus derechos jubilatorios, como los descuentos en tiques y órdenes de mutualistas.

A su vez, se estableció que si la empresa donde se había jubilado lo retoma deberá contratarlo con un sueldo equivalente al que tenía al momento de su retiro (prorrateado a seis horas, que es el máximo que podrán trabajar por día). No obstante, si lo incorpora otra empresa, el mínimo que recibirá será el laudo, dijo a El País el director de Seguridad Social, Roberto Baz.

Las empresas no podrán reingresar jubilados por más del 10% de su plantilla ni podrán haber despedido personal recientemente o haber enviado trabajadores al seguro de paro. La edad máxima para que los jubilados entren al régimen será 70 años y los contratos no podrán exceder los dos años.

El 70% de los jubilados aportaron por industria y comercio. Hasta que una ley modifique el sistema, esos jubilados -salvo escasas excepciones- no pueden retomar la actividad en ese rubro. El Instituto Nacional de Estadística estima que en 2010 había 47.000 jubilados informales trabajando, de los que unos 22.000 son de industria y comercio y otros 16.000 del sector rural y doméstico.

El acuerdo entre empresarios, gobierno y trabajadores surgió del Diálogo Nacional de Seguridad Social, pero el proyecto de ley aún está siendo elaborado por técnicos de Universidad de la República y el MTSS. El titular de esa cartera, Eduardo Brenta, dijo que espera que su tratamiento en el Parlamento sea ágil.

El proyecto busca dar respuesta a la escasez de mano de obra calificada que demandan las empresas y generar espacios para que jóvenes se inserten en al mercado. De hecho, obligará a que por cada jubilado contratado se incorpore un joven (formado en institutos como UTU o el Inefop) en un plazo de 12 meses. Estarán exceptuadas las empresas menores, pero aún no está definido el criterio. La representante empresarial en BPS, Elvira Domínguez, dijo a El País que propondrá que sean las de hasta 19 trabajadores, con disposición a negociarlo.