Persistencia fatal

JUAN ORIBE STEMMER

La aprobación del puente sobre la barra de la laguna Garzón causó una fuerte controversia y catalizó una discusión, más trascendente, sobre la posición institucional de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Un debate que atañe a la totalidad de la política ambiental (interior y exterior), incluyendo la evaluación del impacto ambiental.

Hace una semana el presidente Mujica propuso transferir la Dinama, de su actual ubicación orgánica en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). La idea era pasar esa Dirección a la órbita de la OPP y luego convertirla en una agencia independiente, para, finalmente, "llegar al punto de ser un ministerio más". Se entendía "que ese proceso no culminará durante su gobierno" (El País, 11 de febrero).

La consecuencia de la propuesta sería que, en el futuro cercano y por un período de tiempo indeterminado, la Dinama sería fagocitada por la OPP, un organismo asesor, que depende directamente de la Presidencia. Pero, entretanto existe una cantidad de proyectos que deben ser evaluados. La gente sensata se preguntará: ¿por qué emprender tan tortuoso, e incierto, camino para crear otro ministerio, si ya tenemos uno?

El Mvotma fue creado en 1990. El gobierno del Partido Nacional optó por establecer una secretaría de Estado con la competencia específica de velar por el medio ambiente, considerando la actualidad e importancia del tema (la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se celebraría en Río de Janeiro, en 1992); la necesidad de darle al tema la correspondiente jerarquía institucional; la importancia de asignarle al organismo encargado del tema la mayor autonomía política posible, dentro del marco del gobierno de turno; la necesidad de someterlo directamente al escrutinio del Parlamento y, a través de él, al de la ciudadanía (transparencia).

La Constitución establece que los ministros están sujetos a un control y a una responsabilidad política directa ante el Parlamento y, de esta forma, están abiertos al escrutinio de toda la sociedad. Eso no sucede con la OPP.

Aún cuando no haya sido la intención del Presidente, la consecuencia lógica de su propuesta es rebajar la jerarquía de los asuntos ambientales en la agenda política; ponerlos directamente bajo el control presidencial; alejarlos de la supervisión parlamentaria; y distanciarlos del escrutinio público. Los partidos de la oposición comprendieron lo que significaba la propuesta y declararon su abierta oposición.

El presidente se lamentó ante sus ministros porque su idea de reconvertir la Dinama no haya sido bien transmitida. Sin embargo, persiste con su idea básica.

El martes se informó que había ordenado redactar un proyecto para sacar la Dinama del ministerio y de crear en la órbita de la Presidencia "una agencia independiente con control parlamentario que centralice los estudios y habilitaciones ambientales para reducir así los tiempos burocráticos y habilitaciones ambientales".

No se habla más de OPP, pero el gobierno sigue firme en su camino retrógrado y perjudicial.

Lo que Dinama necesita no es que se la condene a un peregrinaje de un lugar a otro del organigrama del Estado, lo que requiere es personal técnico suficiente y bien capacitado. Con eso basta.