Guyer resalta a clientes los beneficios de ley de PPP

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Si bien "pudo hacerse un sistema" de proyectos de Participación Público-Privada (PPP) "más ambicioso y rápido, dadas las circunstancias, se trata de un buen instrumento", dijo a El País el socio de Guyer & Regules, Juan Manuel Mercant.

Mercant elaboró un informe para clientes del estudio sobre la ley de PPP y la nueva reglamentación y expresó a El País su visión de la iniciativa.

A su juicio, los contratos PPP "seguramente sirvan para canalizar varios proyectos que de otro modo no hubieran sido posibles".

Para Mercant, la Corporación Nacional para el Desarrollo "tiene un elenco enorme de facultades y cometidos y su rol será fundamental en el desarrollo de proyectos. Va a ser el gran jugador de las PPP y su experiencia técnica se valora como muy positiva".

Otro aspecto que valoró como "muy positivo" es que el contratista privado "podrá constituir garantías sobre todos los bienes y derechos que resulten del contrato de PPP, facilitando de esta forma la obtención de financiamiento para el desarrollo de las obras".

Estos aspectos, "fueron complementados con algunas buenas incorporaciones" que se hicieron en la reglamentación de la ley, afirmó.

Entre ellas, resaltó que "se introdujo un límite temporal máximo de 36 meses para la transferencia del proyecto PPP por parte de la CND al sector privado", lo que es "importante". Además, "se incorporó la posibilidad que los acreedores sean quienes asuman el cumplimiento del contrato PPP mediante la cesión del mismo a un tercero".

A su vez, "las partes deberán establecer en el contrato de PPP el período durante el cual no se pueden aceptar ni solicitar modificaciones ni renegociaciones" del mismo, lo que "le da mucha estabilidad al contrato PPP y eso es positivo", señaló Mercant.

Para el socio de Guyer & Regules, hay algún aspecto del decreto reglamentario que es "negativo".

Mencionó que "se exige que la sociedad contratista tenga un objeto exclusivo lo cual puede aparejar algunas dificultades prácticas".

Por otro lado, "el decreto dejó en manos de la administración establecer los plazos y condiciones en los que debe llevar a cabo la subasta pero no reguló qué ocurre si la administración omite realizar la convocatoria a la subasta", agregó.

Los contratos PPP se usarán únicamente en el diseño, construcción y/o operación obras de infraestructura viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, energéticas, tratamiento de residuos, y obras de infraestructura social (como cárceles, centros de salud y educación, viviendas).

Los primeros proyectos que el gobierno licitará con base en la PPP son la reparación y el mantenimiento de las rutas 21 y 24 y la construcción y operación (en servicios de alimentación y estructura, no en la seguridad) de una cárcel. Ambos se estima que necesitarán una inversión de más de US$ 180 millones. Otra iniciativa es la de un centro de convenciones en Maldonado.