BRUSELAS | AFP
La Eurozona descartó entregar la ayuda esperada por Grecia para evitar la quiebra y exhortó a este país a emprender acciones concretas, pese al "acuerdo general" anunciado en Atenas con las medidas de ajuste que exigía Bruselas. Los ministros de Finanzas de los 17 países de la Eurozona, reunidos en Bruselas, no desembolsarán el rescate por 130.000 millones de euros a Grecia, señaló Jean-Claude Juncker, el presidente del Eurogrupo. Los europeos no quieren desembolsar el segundo paquete de ayuda prometida a Grecia, pendiente desde octubre pasado, hasta que Grecia haya tomado nuevas "medidas concretas" de austeridad.
Los tres partidos del gobierno de unión nacional anunciaron poco antes de la reunión de ministros que alcanzaron un "acuerdo general" con nuevos recortes. El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, confirmó que un acuerdo de principio fue alcanzado entre Atenas y sus acreedores institucionales, la "troika" formada por la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo. Sin embargo, "el gobierno y el parlamento griego deben convencer a sus socios de que honrarán sus compromisos con acciones concretas para garantizar el equilibrio presupuestario y las reformas estructurales", subrayó. A la reunión en Bruselas también acudió la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien celebró las "señales alentadoras" provenientes de Grecia, pero advirtió que "queda mucho por hacer".
A su llegada a Bruselas, el ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, exhortó a sus socios a dar "su aval" al pacto anunciado e incluso garantizó que su gobierno alcanzó un acuerdo "sobre los principales parámetros" exigidos por los acreedores privados de Atenas.
Atenas negociaba en forma paralela con sus acreedores privados (bancos y fondos de inversiones), una quita de 100.000 millones de euros del total de su deuda, que se eleva a unos 360.000 millones de euros.
La idea es reducir la colosal deuda de Grecia de 160% de su PIB a un 120% hacia 2020, un nivel considerado más sostenible. Las medidas exigidas por la "troika" incluyen un recorte general de 3.300 millones de euros, incluyendo un 22% del salario mínimo (que pasaría a unos 586 euros mensuales para los 325.000 asalariados afectados), reducciones en las pensiones y una supresión de 15.000 empleos públicos.