Seguridad: debaten incidencia de padres

La influencia que ejercen los padres sobre sus hijos se instaló en el debate por la seguridad pública, a través de dos iniciativas del gobierno para modificar aspectos de la patria potestad. El matrimonio que ataba a su hija a la cama fue a prisión.

"Mi mamá me ata. Me escapé y tengo hambre". Esa fue la respuesta que le dio una niña de 7 años a un policía que en la madrugada del viernes la encontró caminando sola por el barrio Sayago.

La afirmación de la niña fue luego confirmada por efectivos de la Seccional 8ª que concurrieron a la casa y corroboraron que en su cama había una cadena (similar a las que habitualmente se utilizan para atar perros) con la que se le sujetaba un pie a la pequeña.

Los padres de la menor, de 54 años el hombre y 29 la mujer, fueron procesados ayer con prisión por el juez Gabriel Ohanian, quien a pedido de la fiscal Diana Salvo, les imputó un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, previsto en el artículo 279 del Código Penal.

El magistrado también dispuso que la niña sea alojada en un hogar de amparo del INAU, a la vez que dio cuenta del hecho a la Justicia de Familia que deberá resolver sobre el futuro de la menor.

Los padres de la niña (él es taxista y ella había trabajado durante un tiempo como prostituta) justificaron su accionar en que como ambos trabajaban de noche "la única forma que tenían para proteger a la niña era atarla con una cadena", dijo una fuente vinculada al caso.

La mujer tiene otros dos hijos que tiempo atrás le fueron retirados por la Justicia, debido a que no les prestaba la atención y cuidados necesarios.

REINCIDENTES. El procesamiento de los padres de la niña de 7 años es un episodio que refleja una compleja situación de familiar de maltrato hacia la pequeña.

Pero, el debate sobre el alcance e incidencia de la patria potestad (obligaciones y derechos que los padres tienen hacia sus hijos) es objeto de una discusión social más amplia que abarca, por ejemplo, su impacto en la seguridad pública.

El Ministerio del Interior, en dos iniciativas diferentes, pretende endurecer las sanciones relativas a la patria potestad a los padres de menores infractores, a la vez que buscará quitarles la tenencia de sus hijos a los delincuentes reincidentes.

Al comparecer ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo el pasado 17 de enero, el ministro Eduardo Bonomi dijo que la secretaría de Estado pretende establecer un mecanismo legal por el cual se le retire la patria potestad a los padres cuyos hijos delincan en forma reiterada.

De esa forma, a juicio de las autoridades del Ministerio del Interior, se podría disminuir la delincuencia juvenil, que en muchos casos es incitada o propiciada por los padres.

Por otro lado, el Ministerio del Interior estima que quitándole la patria potestad a los padres que tienen la delincuencia como modo de vida, se evitará que esos niños crezcan en un ámbito donde el delito sea considerado algo normal, incitándolos indirectamente a incurrir en actividades ilícitas.

"Cuando existe delincuencia habitual con alguien que está preso, sale en libertad y vuelve a caer preso y tiene hijos chicos, ahí es uno de los lugares donde más se reproduce el delito", dijo Bonomi en declaraciones que publicó ayer el diario El Observador. El Estado, a través del INAU, debería hacerse cargo de esos niños, indicó.

La reincidencia entre los delincuentes (sobre todo los más jóvenes) se ubica aproximadamente en el 70%.

El ministro dijo que si bien legalmente la posibilidad de quitar la patria potestad ya existe, la idea es impulsar un proyecto de ley que pretende que se redacte en base al consenso entre todos los actores vinculados a la temática.

"Nuestro interés es poner el tema sobre la mesa. No tenemos un proyecto, pero la Constitución prevé retirar la patria potestad cuando no se cumple o sancionar por el no cumplimiento", dijo Bonomi.

POSIBLE. El abogado constitucionalista Martín Risso señaló que "la idea general" en cuanto a quitarle la patria potestad a los padres con antecedentes penales desde el punto de vista jurídico es "posible", pero aclaró que es necesario analizar "la redacción de la norma".

Risso explicó a El País que la Constitución no plantea nada al respecto, sino que en realidad menciona los derechos y deberes que tienen los padres en relación a sus hijos.

Por eso, para el abogado es claro que para llevar a la práctica lo que plantea Bonomi se requerirá una ley.

Risso subrayó que para que los padres con antecedentes pierdan la patria potestad de sus hijos deberá existir un fallo judicial en un proceso específico que así lo disponga, porque adoptar esa medida en base a una decisión del INAU o del Ministerio del Interior sería inconstitucional.

De todos modos, Risso consideró que el retiro de la patria potestad es una sanción "muy complicada" tanto para los niños como para los padres, y por ese motivo, dijo, es que en relación al tema deberán opinar psicólogos y sociólogos.

Por su parte, la abogada Ema Carozzi, experta en Derecho de Familia, dijo a El País que el planteo de Bonomi "no es para nada disparatado" porque, de hecho, el Código Civil original redactado por Tristán Narvaja y que entregó en vigencia en 1868 ya previó situaciones de ese tipo.

Actualmente, el Código Civil en su artículo 284 establece que los padres "perderán" la patria potestad de sus hijos si son condenados por delitos contra ellos. El artículo 285, mientras tanto, señala que "podrán perder" la patria potestad los padres condenados, por ejemplo, a más de dos años de prisión por delitos cometidos junto a sus hijos.