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PABLO MELGAR

El estatuto del funcionario público será el centro de la agenda del Pit-Cnt que se prepara para un año de gran conflictividad. A la vez, aspiran a mejorar la redistribución de la riqueza y para eso quieren subir la primera franja del IRPF.

"El gobierno está discutiendo el nuevo estatuto del funcionario, no lo puede hacer de espaldas a los trabajadores, sin ellos no hay ninguna transformación posible", aseveró a El País el vocero del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, Gabriel Molina, (Partido Comunista, PCU).

Los cambios en la regulación de la función pública garantizan que habrá una fuerte batalla entre el núcleo duro del movimiento sindical y el Poder Ejecutivo en 2012.

El gobierno pretende que sus funcionarios trabajen los días feriados y un mínimo de ocho horas. En la vereda de enfrente están los sindicatos liderados por radicales y la línea combativa del PCU.

En 2012 no se reunirán los consejos de salarios del sector privado. "Como viene el comportamiento del gobierno, la conflictividad en 2012 va a estar con los funcionarios públicos. Es evidente que se va a dar un claro enfrentamiento. El gobierno está llevando adelante modificaciones al estatuto del funcionario público y poniendo en práctica otros cambios sin pasar por los ámbitos de negociación", dijo Molina, que lidera el sindicato de Antel. Además advirtió que les preocupa que el gobierno está "violentando" la ley de negociación colectiva del sector público.

Hasta ahora únicamente la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) recibió el borrador sobre el nuevo estatuto. Los sindicatos de los entes autónomos no han tenido contacto con los planes del gobierno.

En ese sentido y mientras esperan que el gobierno los notifique, en el Pit-Cnt reclamará que el Poder Ejecutivo modifique sus definiciones con respecto a los funcionarios. Si no hay cambios, el gobierno tendrá un problema con "todo el movimiento sindical", dijo Molina quien aseguró que "el Pit-Cnt no puede dejar que no se cumplen las leyes y los acuerdos firmados sobre la negociación colectiva".

"Este no es un tema únicamente de los públicos, es de todos los trabajadores", agregó.

Para varios sindicalistas consultados por El País el desafío en 2012 será conseguir que el gobierno acepte negociar toda vez que se proponga modificar las reglas de juego en materia laboral. "Estamos reclamando un espacio para discutir las definiciones y se establezca un ámbito de negociación de verdad. No queremos que se nos informe lo que van a hacer sin haber negociado previamente, eso es una forma de imposición", señaló Molina.

Sin embargo, el gobierno tras haber sido cuestionado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parece haber aprendido la lección y antes de enviar el proyecto de estatuto del funcionario público al Parlamento se lo presentó a COFE.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo anunció a los sindicalistas que pretende que el estatuto sea una realidad a medidos de año. Por ello en noviembre llamó a los principales dirigentes de COFE. En ese momento les mostró un power point en el que se explican las principales iniciativas con respecto a la nueva normativa y entregó una copia para que los sindicatos de la Administración Central realicen una devolución a la brevedad.

El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, señaló a El País que se proponen una "racionalización no del funcionario sino del servicio público". Recordó que el gobierno define a los funcionarios del Estado "servidores públicos" y quiere dotar a la administración de "mayor agilidad en el manejo de los recursos humanos tendiente a una gestión más eficiente por parte de los ministerios".

Breccia subrayó que desde el gobierno pretenden generar una "nueva carrera administrativa, que está inserta en el estatuto, que tenga mayor transparencia en el ingreso".

"Los cambios en los vínculos laborales en el Estado es como tratar de calafatear un barco en movimiento que no se puede llevar a un dique seco. El Estado no puede parar para repararse", expresó el secretario de la Presidencia.

Breccia consignó que esperan la devolución de COFE, que supone estará en los primeros días de febrero, para posteriormente enviar el proyecto al Parlamento. "Vamos a intentar llegar con los máximos consensos", aseveró.

COFE dispuso de un equipo de 20 personas entre técnicos y dirigentes para estudiar el proyecto del Poder Ejecutivo.

Interna sindical. En los últimos seis meses los sindicatos del Estado han comenzado un proceso de aglutinamiento liderado por dirigentes que no son afines al gobierno. Ya en el congreso del Pit-Cnt de octubre pasado los estatales obligaron al PCU y a Articulación (moderados, cercanos a la línea de Tabaré Vázquez) a presentar listas y marcar su respaldo electoral. Siete sindicatos del Estado presentaron la lista 41 que obtuvo el respaldo de algo más del 20% del congreso. Es así que tienen presencia como bloque en el Secretariado Ejecutivo y en la Mesa Representativa del Pit-Cnt.

En marzo formalizarán la corriente Movimiento por la Independencia de Clase (MXIC) a la que tal vez se sumen algunos privados. Fuera de esa línea están otros sindicatos del Estado dirigidos por figuras de corrientes que también se sumarán a la batalla en contra los cambios que propone el gobierno.

Desde Articulación, una corriente con mayoría de sindicatos privados, coinciden en que la mayor conflictividad estará en el Estado. Para el dirigente de Fuecys (comercio y servicios) Ismael Fuentes, el 2012 estará signado por las "clásicas movilizaciones por la Rendición de Cuentas" así como también el mejoramiento de la salud e higiene laboral. En ese sentido ya manejan que el tema estará en la proclama del acto del 1° de mayo.

Molina y Fuentes confirmaron a El País que otro foco de la agenda estará puesto en una redistribución de la riqueza "de verdad" y en la "defensa de las empresas públicas". En ese sentido la central buscará más protagonismo en la toma de decisiones en políticas de Estado y en la política económica.

La central sindical levantará el receso mañana lunes cuando se reúna el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt para comenzar a delinear la planificación del año. Sin embargo, sus dirigentes están de licencia por lo que podrían terminar reuniéndose el lunes 30. Para ello tendrán en cuenta las definiciones programáticas del último congreso de la central que se desarrolló en los primeros días del mes de octubre de 2011. Posteriormente, sobre mediados de febrero, se reunirá la Mesa Representativa Nacional para analizar lo resuelto por el Secretariado y eventualmente hacer modificaciones.

Pablo Cabrera

El presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) dice que 2012 será un año conflicto en el sector público, y adelantó la resistencia de los sindicatos estatales a la reforma promovida por el presidente José Mujica.

-¿Cómo evalúan en COFE la idea del gobierno de llevar a los funcionarios públicos a trabajar ocho horas?

-Eso no forma parte del documento (estatuto del funcionario público) que nos entregó el gobierno. El tema de las ocho horas se está manejando porque Mujica habló de los horarios y todo el mundo lo asocia con eso. En muchos lugares está estipulado que se trabaja seis horas y se hace muy difícil cambiarlo.

-¿Y qué harían ustedes si el gobierno se los plantea?

-Si existiera la posibilidad de un retroceso de ese tipo habría que cambiar varias leyes y, además, habría una pelea muy fuerte. No se está buscando retroceder sino avanzar. En el mundo globalizado se entiende que el sistema de las ocho horas ya no es viable. No vamos a retroceder a pensar en ocho horas de trabajo cuando hasta el propio sector privado está demostrando que con menos horas se sigue siendo eficiente, como pasa con la bebida.

-La bebida es un caso atípico.

-No tan atípico, la visión del porqué lo hicieron se basa en dos puntos: la defensa formal de puestos de trabajo y la calidad de vida de los funcionarios. Si se analiza a lo que hay que llegar lo ideal son seis horas de labor. Lo contrario sería retroceder un espacio importante.

-¿Para ustedes cuál es el foco de atención sobre la propuesta del estatuto del funcionario público?

-El punto central es el de la definición de funcionario y la función pública. Ellos (el gobierno) se refieren únicamente al presupuestado. Hay que tener mayor amplitud, creemos que funcionario público es aquel que está atado a una relación laboral con el Estado.

-¿El estatuto va a ser el tema de discusión de 2012?

-Sí, sin duda. Lo otro que estará en la vuelta será el tema de las reestructuras de los ministerios, estamos cerca de febrero y todavía no hay ni una pronta.

-El jueves el vicepresidente Danilo Astori dijo en Búsqueda que el gobierno no dará un giro a la izquierda. ¿Cómo analizan ese planteo?

-Para nosotros es preocupante. Más allá de la militancia política de cada uno, siempre se apostó porque la visión del Frente Amplio con respecto a su relación con los trabajadores y la construcción del Estado era mucho más cercana. Si esto se mantiene en una línea hacia el centro estamos perdiendo parte de los procesos.

-¿Sienten que la relación entre gobierno y sindicatos privados es distinta?

-Vamos a entendernos. En el sector privado se sabe cuál es la contraparte, ahí el gobierno es solo mediador. En la relación laboral con el gobierno muchas veces uno se termina enfrentando con la sociedad. Por eso las conquistas son diferentes.

-¿Ustedes perciben que el gobierno está detrás de un achicamiento del Estado?

-Hay que recordar el planteo de (Daniel) Ferrere, que era el asesor directo del presidente Mujica. Planteaba la reducción sustancial del Estado administrativo.

-¿Lo ven al gobierno en esa posición? ¿En qué cosas concretas está esa visión?

-La cantada es AFE, pero solo en el sector salud el Estado está gastando US$ 500 millones anuales en tercerizaciones cuando podría prestar el mismo servicio con menos de la mitad de dinero. Se ahorraría más de la mitad si no pensaran en que no quieren más funcionarios públicos. Lo mismo pasa en el Ministerio de Transporte.

-En 2011 la oposición denunció que ingresaron unos 12.000 nuevos funcionarios al Estado.

-¿Y cuántos trabajadores se fueron? Es muy fácil hablar de los números que entran. En ASSE teníamos mil vacantes de gente que se fue, son mil personas que se fueron.

El Poder Ejecutivo pretende enviar en marzo al Parlamento el proyecto de ley con el nuevo estatuto del funcionario público y que éste lo apruebe a mitad de año.

Este será uno de los temas del Consejo de Ministros de mañana en Anchorena, el primero del año que convoca el presidente José Mujica.

Entre otros puntos, el borrador del proyecto del estatuto del funcionario público establece:

-Selección de postulantes para ingresar a la Administración Central en todos los casos por concurso de oposición y méritos o méritos y antecedentes.

-Jornadas diarias de trabajo de 8 horas (40 horas semanales). La semana laboral no podrá ser inferior a las 30 horas.

-Descanso semanal no deberá ser inferior a las 36 horas consecutivas.

-Los feriados laborales deberán ser trabajados. Serán feriados no laborables y pagos el 1° de enero, 1° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre.

-Semana Santa: de lunes a jueves la Administración Central mantendrá en funcionamiento las oficinas que atiendan al público.

-Licencia anual reglamentaria: 20 días hábiles por año. Cuando los funcionarios tengan más de cinco años de servicio tendrán derecho a un día complementario por cada cuatro año de antigüedad.

-Aguinaldo: Sueldo anual complementario consistente en la doceava parte del total de las retribuciones sujetas a montepío recibidas en los doces meses anteriores al 1° de diciembre de cada año.

-Desvinculación. Se establecen tres causales de cese: ineptitud (calificación insatisfactoria del desempeño del funcionario durante dos períodos consecutivos); omisión (incumple sus obligaciones funcionales de manera muy grave); delito (toda conducta típica, antijurídica y culpable por la que el funcionario sea condenable penalmente).