Cárceles: un drama sin solución

Quién no recuerda a Tabaré Vázquez hablándole a la multitud desde un imponente escenario ante el Palacio Legislativo? Ocurrió el primero de marzo de 2005 cuando asumió la presidencia y proclamó el "estado de emergencia" en las cárceles del país. La izquierda había llegado al gobierno para "humanizar" las prisiones razón por la cual el nuevo presidente, con voz emocionada, anunció "medidas de urgencia para encarar resueltamente los problemas de hacinamiento, en los establecimientos carcelarios".

Al abandonar el gobierno, Vázquez evitó referirse a las cárceles por razones obvias: durante su mandato se habló mucho y se hizo poco al respecto. Sus intenciones de tratar a los reclusos de manera "respetuosa de sus necesidades humanas" no se concretaron. Al contrario, su quinquenio supo de motines abortados, fugas de reclusos, peleas a muerte en los penales, corrupción de los funcionarios y un caos generalizado por la superpoblación de recintos.

Su sucesor, José Mujica, no hizo hincapié en el asunto cuando llegó al poder en 2010. Desde entonces, en casi dos años de gobierno, la situación carcelaria empeoró. Lo prueba una cifra escalofriante: en el último bienio hubo 38 muertos en los centros carcelarios por riñas entre presos, incendios y enfrentamientos con la guardia.

Un triste récord en la historia del país y otra muestra de que el Frente Amplio en el gobierno no logró corregir los errores de administraciones anteriores e incluso empeoró algunas cosas.

Recuérdese además que sobre este tema tan difícil de resolver la izquierda atizó el fuego durante décadas invocando la necesidad de velar ante todo por los derechos humanos de los presos. Se trató, como siempre, del clásico discurso frenteamplista en donde los representantes de esa coalición reclamaron para sí el monopolio de la piedad al tiempo que condenaron a los gobernantes previos por su supuesta insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Pero puestos a gobernar, fracasaron.

Ese fracaso lo documenta el informe del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay en 2011. Allí se acusa al Estado de actuar en forma "pasiva y omisa" en el sistema penitenciario y se inculpa a los encargados del mismo de practicar un "ocultamiento de su responsabilidad" y de incurrir en la contradicción que suponen sus constantes anuncios de reforma frente al escaso resultado obtenido en los hechos.

Y los hechos son terribles según Serpaj, una organización no gubernamental cuyos miembros suelen recorrer las cárceles del país. Este año visitaron los establecimientos de Rocha y Maldonado sobre los cuales relataron horrores de diversa naturaleza. En su opinión, sólo la Cárcel Central, en Montevideo, ofrece condiciones admisibles. El resto confirma los cargos que desde el exterior se formulan contra el gobierno uruguayo por su desatención y sus errores.

Tres años atrás, tras la inspección de un experto en la materia, las Naciones Unidas declararon que nuestras prisiones eran "infrahumanas" y que el trato a los reclusos era "vergonzoso". Hace apenas cuatro meses una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA ratificó ese dictamen y opinó que se había llegado a un punto entre "lamentable" y "desastroso". Aunque no se puede ignorar que en los siete años que el Frente Amplio lleva en el poder la población carcelaria aumentó de 7.000 a 9.000 presos, eso no justifica los horrores descritos en el informe de Serpaj que, entre otras cosas, alerta sobre el peligro de incendio que planea sobre los centros de reclusión. Pruebas al canto, en 2010 murieron en la cárcel de Rocha, víctimas de las llamas, doce internados, y un drama similar había ocurrido en el Comcar en 2009 con un saldo de 5 muertos. Según Serpaj, persiste la falta de habilitación de Bomberos en la mayoría de los penales, algo que debería solucionarse de manera perentoria.

Aunque nadie ignora los esfuerzos realizados, como la construcción de nuevas prisiones o la ampliación de las existentes, así como el trabajo del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, en todo caso son insuficientes. Revelan además cuanto más fácil era para la izquierda dictar cátedra en la oposición que resolver los problemas desde el gobierno.