Impuesto al agro afectará a 11 de los 31 senadores

DANIEL ISGLEAS

"Parece que no hay muchos industriales en el Senado", comentó Danilo Astori, luego de escuchar que once senadores plantearon excusarse de participar en la discusión sobre el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) .

El planteo de los legisladores de todos los partidos fue hecho en plena sesión del Senado, que sobre la medianoche del martes 27 se aprestaba a discutir el proyecto que crea el impuesto, por tener directa o indirectamente predios alcanzados por la nueva ley.

"¿Alguien más tiene alguna hectárea?", preguntó Astori, sorprendido, luego de escuchar el undécimo planteo hecho en sala.

Uno tras otro, los senadores Pedro Bordaberry, Luis Alberto Lacalle, Rodolfo Nin Novoa, Sergio Abreu, Tabaré Viera, Jorge Saravia, Lucía Topolansky, Luis Alberto Heber, Juan Chiruchi, Jorge Larrañaga y Eber Da Rosa dieron cuenta al cuerpo de que se encontraban bajo el alcance de una disposición que indica que cuando en cámara se va a tratar un asunto que los involucra, deben excusarse o pedir autorización para participar del debate y votar.

En el caso del ICIR los senadores indicaron que son titulares de predios que pueden estar sujetos al impuesto en su totalidad o en parte, o que estarán alcanzados por una segunda parte del proyecto de ley que refiere a la enajenación de esos bienes inmuebles rurales.

El ICIR fija un gravamen anual extra de US$ 8 por hectárea para las extensiones de tierra entre 2.000 y 5.000 hectáreas; de US$ 12 por hectárea para las extensiones de entre 5.000 y 10.000 hectáreas; y de US$ 16 por hectárea para las superiores a 10.000.

Según los cálculos oficiales, el impuesto afectará a unos 1.500 de los más de 50.000 productores que tiene el país, que poseen un tercio de las 17 millones de hectáreas cultivables o productivas que hay en el territorio nacional.

La segunda parte de la iniciativa comprende una adecuación del régimen para determinar la renta (sea IRPF o IRAE) por la enajenación de inmuebles rurales adquiridos antes de 2007, cuando se implementó la reforma tributaria bajo la administración del expresidente Tabaré Vázquez.

Así, el primero en pedir autorización fue Bordaberry (Vamos Uruguay), quien informó que posee un 19% de un predio de 2.500 hectáreas que estará sujeto al pago de este impuesto. Heber (Unidad Nacional) dijo ser titular del 20% de una sociedad agropecuaria de 2.200 hectáreas en Florida.

Luego, Lacalle (Unidad Nacional) dijo en el plenario que es titular de 948 hectáreas en Florida y que lo alcanzará la segunda parte de la nueva ley.

A continuación, los senadores Viera (Propuesta Batllista), Abreu (Dignidad Nacional), Nin Novoa (Alianza Progresista) y Saravia (Concertación Republicana) también dijeron tener inmuebles rurales, pero no informaron cuánto ni dónde.

Larrañaga (Alianza Nacional), dijo que tiene un predio de nueve hectáreas, Arroyo Grande, Flores.

Chiruchi (Unidad Nacional) dijo que es titular de un predio de 651 hectáreas en San José.

Topolansky (MPP) informó al Senado que es titular de un predio de 14,5 hectáreas y que posee el 50% de otro predio de 9 hectáreas.

Da Rosa (Alianza Nacional) dijo que su esposa está vinculada por razones sucesorias con un predio de 800 hectáreas en Tacuarembó.

Los once senadores que dijeron tener predios rurales fueron autorizados por el Senado a participar en el debate.

Finalmente sobre las 3 de la madrugada de ayer miércoles 28, el Senado sancionó la ley por 16 votos en 27 presentes, votándolo únicamente la bancada del Frente Amplio.

"Cambió el clima"

Los presidentes de la Asociación Rural y la Federación Rural, José Bonica y Miguel Sanguinetti, respectivamente, rechazaron formalmente ayer el impuesto a los inmuebles rurales votado por el Senado.

Aunque en términos re-lativos los propietarios afectados no son muchos, Bonica sostuvo que "el clima de negocios en Uruguay formalmente ha cambiado porque el gobierno se aparta de sus propios dichos dejando de lado normas claras y es- tables que brindaban confianza".

Sanguinetti dijo a El País que "mientras en Argentina y Brasil apoyan al agro", en el marco de una crisis internacional, en Uruguay se aprueba "un nuevo impuesto".

Eso "quiere decir que estamos todos locos", sostuvo el dirigente rural.