Surgen diferencias en el gobierno argentino sobre ley antiterrorista

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BUENOS AIRES | LA NACION/GDA

El gobierno argentino exhibió ayer diferencias sobre el alcance de la ley antiterrorista aprobada el jueves por el Senado, ya que el ministro del Interior, Florencio Randazzo, negó que la polémica norma pueda alcanzar a los medios de prensa.

En un reportaje radial, el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, advirtió el jueves que la actuación de los empresarios o la prensa puede configurar el delito de terrorismo, "aterrorizando a la población" con la generación o difusión de noticias que puedan provocar corridas bancarias. "La ley antiterrorista no es para perseguir, es para que no vuelva a pasar un golpe de mercado", sostuvo.

Randazzo, en cambio, aseguró ayer que en Argentina el derecho a la libertad de expresión está "absolutamente garantizado".

"Eso es un disparate. Tiene mala intención quien lo dice", respondió el jefe de la cartera política cuando le preguntaron por la advertencia de Sbattella. Añadió: "En este país cada uno dice lo que quiere sin límite, muchas veces se dicen cosas poco serias y ciertas".

El jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, también desmintió a Sbatella: "Ninguna nota periodística puede ser considerada como una acción terrorista".

La norma sostiene que serán considerados como delitos de terrorismo las actos que sean "cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población" u obligue a gobierno nacional o extranjeros "a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". Legisladores de la oposición y organizaciones de derechos humanos criticaron la ley, cuya redacción ambigua permitiría penalizar también las protestas sociales.

"La consultoras que miden inflación, ¿serán terroristas? La tapa de un diario, ¿será terrorista?", se preguntó la senadora Sonia Escudero, del grupo Compromiso Federal.

"El derecho penal necesita tipos penales cerrados que tienen que estar definidos muy claramente para que jueces no tengan discrecionalidad. La ley que impulsó el gobierno establece como agravante que cualquier delito puede ser considerado terrorismo si aterroriza a la población. Ahora, todos somos terroristas en potencia, porque cuando nada es terrorismo todo lo es y viceversa", planteó el diputado del Peronismo Federal, Gustavo Ferrari .

"Las leyes deben dar seguridad y no inseguridad jurídica. Sobre todo ante un gobierno que quiere perseguir y sancionar a los que piensan distinto. Las declaraciones de Sbattella me sonaron a advertencia a los que piensan distinto", añadió.

"Una ley contra el terrorismo que debe aclarar que no será aplicada para penar el ejercicio de derechos no hace más que reconocer sus graves deficiencias y prenunciar la posibilidad de su utilización para los fines más aviesos", escribió Gustavo Ferrari en un suelto de opinión en el diario La Nación.

La norma fue aprobada con 57 votos a favor y 15 en contra en el Senado. También se votó un proyecto que pena el uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en Bolsa, la manipulación de valores negociables y la captación no autorizada de ahorros públicos.

PAPEL. El jueves por la noche se sancionó además la ley que declara de interés público la producción y comercialización de papel para prensa, que otorga al Estado la potestad para controlar el mercado, estableciendo precios de venta y metas de producción sobre la empresa Papel Prensa, y aplicar sanciones que pueden llegar hasta la confiscación de la firma ante el incumplimiento de sus directivas.

Para la oposición, estas facultades apuntan a justificar una eventual expropiación de Papel Prensa por parte del Estado y a limitar, a través de la administración de este insumo básico, la libertad de expresión de los diarios cuya línea editorial no coincida con la Casa Rosada.

"Es el caso más sofisticado y abarcativo para controlar la prensa por parte del Gobierno, ya que nada quedará fuera del control del Ministerio de Economía", opinó María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica).

"Buscamos igualdad de oportunidades para todas las editoriales", aseguró el senador Aníbal Fernández. Sin embargo, al ex jefe de Gabinete lo traicionó su locuacidad y dejó trascender cuál es el final último de la iniciativa cuando admitió que a partir de esta ley Papel Prensa estará "obligada a abastecer a todos" los diarios y que en caso de no poder hacerlo tendrá que "poner plata".

La firma Papel Prensa, productora de papel, es actualmente copropiedad de los diarios Clarín y La Nación, con una participación minoritaria del Estado, pero la ley establece mecanismos para aumentar la presencia estatal.

La ley fue aprobada por 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención. Además del kirchnerismo, con sus 33 senadores, la norma fue apoyada por legisladores de otros grupos, entre ellos el ex presidente Carlos Menem, peronista no oficialista.

Antes de la aprobación de la ley, el vicepresidente Amado Boudou fustigó a la prensa opositora: "La Nación y Clarín están haciendo un ataque feroz desde sus líneas editoriales en contra de la libertad de acceso al papel que necesitan todos los medios y en definitiva en contra de la democracia, dijo.

Buenos AIres | El juez federal tributario Carlos Folco mantuvo ayer el embargo cautelar contra los bienes del diario La Nación, en un supuesto caso de deuda impositiva, y dio traslado del caso a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Desde hace varios años, 24 diarios y radios de Argentina, entre ellos La Nación, discuten con el Estado la existencia de una supuesta deuda por IVA. La Corte Suprema dictaminó en 2009 que mientras se resuelve el tema, la AFIP debe abstenerse de reclamar el cobro.

Pese a esto, el organismo impositivo reclamó la inhibición de los bienes de La Nación al juez Folco, aunque no le advirtió de la decisión de la Corte.

Los abogados de La Nación presentaron ayer una solicitud al juez para que revocara el embargo, pero el magistrado todavía no levantó esa medida cautelar y en cambio ordenó dar traslado a la AFIP para que se expida.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que reúne a más de 180 medios periodísticos del país, reclamó ayer el cese de la acción contra La Nación. LA NACIÓN/GDA

Los inversores extran- jeros podrán seguir comprando tierras en Argentina pero hasta el límite del 15% del total de unas 180 millones de hectáreas de tierras productivas, según la ley aprobada la noche del jueves por el Senado argentino.

La norma fue aprobada con el apoyo casi unánime en la Cámara alta, donde obtuvo 62 votos a favor y uno en contra.

Actualmente el 10% de las tierras rurales del país se encuentra en manos de extranjeros, según un informe de la FAO. aFP