Trabajadores en conflicto cortan entrega de vacunas

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Los funcionarios de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, encargada de repartir las vacunas a los centros de salud, se declararon en conflicto por falta de pagos y suspendieron las entregas. El MSP cambió el certificado de vacunación.

Desde ayer se suspendió la entrega de todas las vacunas que soliciten los centros públicos y privados, y solo se realizan tareas de emergencia.

Los funcionarios de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa reclaman el pago de haberes y del aguinaldo. "No tenemos certeza de que ellos tengan el dinero para pagarnos los salarios y seguir pagando los gastos de funcionamiento", dijo a El País la presidenta del sindicato de funcionarios, Rosa Arace.

La dirigente gremial explicó que la Comisión recibe por ley de presupuesto una partida anual de funcionamiento, que es considerada desde "hace muchos años" como insuficiente. "Por lo menos una o dos veces al año tenemos que pedir un refuerzo de partida", se quejó Arace.

Agregó que desde octubre están "peregrinando" para conseguir una partida de refuerzo y que paguen los salarios en fecha y forma.

La Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa es una persona pública no estatal que funciona con fondos de los Ministerios de Salud Pública (MSP) y de Economía y Finanzas (MEF). Arace aclaró que "desde hace años la institución funciona de forma deficitaria".

En marzo del año pasado, también por problemas presupuestales y de atraso en haberes laborales, los funcionarios entorpecieron durante más de un mes la entrega de vacunas.

Ayer los trabajadores concurrieron a la sede del Ministerio de Salud para intentar reunirse con el ministro Jorge Venegas, quien además ejerce como presidente de la Comisión.

No pudieron ser recibidos aunque agendaron una entrevista para los próximos días.

Los trabajadores esperan novedades en esta jornada. Si esto no ocurre persistirán las medida de suspender el envío de vacunas. Arace dijo que ayer varios centros asistenciales solicitaron diversos tipos de inmunizaciones y se les negó la entrega a causa del conflicto.

Además de realizar tareas en el combate de la tuberculosis, los funcionarios de la Comisión se encargan de los análisis a los recién nacidos para detectar casos de hipotiroidismo.

Cambios en Vacunas. En tanto, el MSP anunció que habrá cambios en el certificado esquema de vacunación a partir del año que viene. Se incluirá la vacuna pertussis acelular contra la tos convulsa, que será obligatoria a partir de los 12 años y su dosis se reforzará cada 10 años.

La decisión se tomó luego que este año se registrara un brote inusual y particularmente agresivo de esta enfermedad infecciosa (murieron al menos 4 niños en el Hospital Pereira Rossell y decenas fueron internados graves).

Hace unos meses la Sociedad Uruguaya de Pediatria (SUP) alertó de esta situación a las autoridades sanitarias y reclamó que se comience a vacunar de inmediato al entorno directo de los bebés recién nacidos, que son los más susceptibles a la enfermedad.

El MSP tuvo que comprar de apuro una partida de 100.000 dosis de la vacuna y la puso a disposición de la población de riesgo.

Otro de los cambios, establecidos en un decreto publicado ayer por presidencia, es que la vacuna de la hepatitis B se eliminará del certificado.

La explicación que se esgrimió es que los niños de 12 años (edad de la vacuna contra la hepatitis B) ya están inmunizados porque recibieron la vacuna pentavalente a los dos, cuatro, seis y 15 meses.

La última modificación es que se pasará a dar la vacuna antipoliomielítica por vía inyectable, en lugar de oral. Esta vacuna se da a los dos, cuatro, seis y 15 meses.

Campaña. Esta semana, el ministro de Salud, Jorge Venegas, lanzó una campaña contra la tos convulsa que apunta a difundir y concientizar sobre los cuidados que deben adoptarse como medidas de prevención.

Lo que se pretende es realizar una acción concreta para el cuidado de los recién nacidos, en la que buscan el compromiso de los padres.

La campaña comenzará a desarrollarse en el Pereira Rossell, lugar donde se registró la mayoría de casos, y se extenderá progresivamente a todas las maternidades públicas y privadas del país.