Patentes: el enredo

Javier García

No hay voluntad de acuerdo sino de imposición. La cabeza gobernante no está formada para el diálogo y menos para la transacción; como tiene lógica militar a causa de su pasado armado se afilian al ordeno y acate, y en política pretenden ordenar y que acate el resto. Los amagues de apertura intelectual si en alguna oportunidad fueron sinceros, nunca hubieran prosperado porque el presidente no es líder del FA y por lo tanto no puede alinear al resto. Cuando unos quieren, los otros no. Mujica no manda, el que manda es el FA y en él los sectores radicales: MPP y el Partido Comunista. El resto hace congresos pero el bacalao se corta entre éstos. Tiene más poder Topolansky que el presidente. Las declaraciones de ésta criticando al consejero Daniel Corbo son clara muestra que el acuerdo educativo no prosperará porque no lo quieren. En la chacra presidencial el orden de derechas es al revés de lo que dice la Constitución.

El caso de las patentes es paradigmático. Nadie duda que sea insólito que en Uruguay haya 19 patentes diferentes. Cuando Mujica dijo que solucionarlo requería un apoyo político de más del 75% sabía que sin él la solución cae. En el Parlamento la mayoría es del FA pero en los gobiernos departamentales 14 de 19 intendencias están en manos de la oposición, mayoritariamente nacionalista. Por ello encontrar puntos de consenso era la única garantía de que fuera viable. Quiso introducirse en la interna blanca dividiendo a intendentes de legisladores en una maniobra menor. Debió saber que unos y otros representan al Partido Nacional.

Para el gobierno la solución no pasa por terminar con la "guerra de patentes", sino en subsidiar con dinero de los contribuyentes del interior la baja de las patentes en Montevideo y Canelones como logro político para el FA, ante la mala gestión frentista. Para hacer más digerible el precio político que pagarían los intendentes de departamentos donde subirá este tributo, puso en la misma ley el subsidio del alumbrado público que es un peso grande para las comunas. Es una forma de extorsión donde el que no entra en la patente se queda sin ayuda financiera y sin las transferencias de partidas centrales que legalmente les corresponden a los gobiernos departamentales, un chantaje político sin igual.

Evitaron, porque no lo aprobarían, la opinión de las Juntas Departamentales violando un mandato constitucional expreso. Agarraron por un atajo que los lleva al fracaso. Lloverán los recursos de inconstitucionalidad y la ley votada va a caer en pocos meses: no pasa de la portería de la Suprema Corte de Justicia. Ni hablar de la negación de las autonomías departamentales a las que violan por la sencilla razón de que en ellas no creen. Se llenan la boca con la descentralización, hay intendentes, ediles, alcaldes y concejales pero les fijan los tributos departamentales desde la Plaza Independencia.

La guerra de las patentes desgraciadamente vive. Y es así porque la única manera en que no se arregla es ésta, donde con extorsiones económicas se pretende que el resto del país le financie la campaña política al Frente Amplio en Montevideo y Canelones.