Congreso definirá si escribanos eliminan aranceles

Luego de un prolongado cuarto intermedio la asamblea de la Asociación de Escribanos del Uruguay decidió en la noche del lunes que no es un órgano competente para decidir si acepta eliminar los aranceles como lo ordenó una resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía. La gremial decidió que debe ser el Congreso Nacional de Escribanos quien se expida el respecto porque es el órgano supremo de decisión de estos profesionales y porque la Asociación de Escribanos no representa a la totalidad de quienes actúan en esta materia, según supo El País.

La Asociación de Escribanos enviará en las próximas horas una notificación a la Comisión de Defensa de la Competencia informando sobre la resolución que tomó la asamblea el pasado lunes, acompañada de una fundamentación jurídica.

Precisamente, una fuente de la Comisión de Defensa de la Competencia dijo ayer El País que una vez que se reciba ese informe el organismo decidirá los pasos a seguir.

En teoría, los escribanos debieron eliminar sus aranceles el pasado 1º de diciembre que fue el plazo máximo que la Comisión les había otorgado para que acataran la resolución. Como se estaba al tanto de que la Asamblea de Escribanos abrió un cuarto intermedio, no se aplicaron sanciones sobre estos profesionales por incumplir con esta norma.

Entre otras operaciones, los escribanos cobran un 3% del valor de un inmueble por la escritura del mismo.

Cabe precisar que los abogados y los contadores ya cumplieron con la disposición del organismo comunicando públicamente que dejaban sin efecto el cobro de sus respectivos aranceles.

Por otro lado, ayer culminó el plazo que tenía el Ministerio de Economía para emitir un fallo jerárquico que podía revocar la resolución adoptada por la Comisión de Defensa de la Competencia. Al no pronunciarse al respecto, la resolución del organismo quedó ratificada.

De todos modos, la asociaciones de escribanos y abogados impugnarán la resolución de la Comisión ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) para que se expida al respecto.