No vivir más así

No estamos inventando la pólvora si destacamos que una de las grandes preocupaciones que aquejan a nuestra población -sobre todo a la capitalina, aunque la del interior no queda excluida de ella- deriva de la sensación constante de inseguridad que se padece en todos sus ámbitos, ya sea por experiencia propia o por la de su familia, sus vecinos o conocidos. Lo cierto es que se ha tomado contacto con una realidad penosa porque afecta tanto a hombres como a mujeres, a niños como a ancianos. El mal está en nosotros, instalado en nuestra sociedad para cobrarse en personas, bienes y posiciones. Nadie ni nada está a salvo. Es uno de los principales problemas que debemos enfrentar.

La policía hace su trabajo y lo hace bien, pero en forma insuficiente porque carece de personal y de medios adecuados, aunque últimamente los haya incrementado. La Ciudad Vieja constituye un icono de lo que está ocurriendo. Cansados de ser asaltados al salir de sus empleos, en sus hogares o en la calle, los vecinos de ese barrio, víctimas de tanta depredación; se reunieron con las autoridades y les suministraron, hace un par de meses, datos explícitos: lugares de expendio de drogas e identificación de unos 50 delincuentes que viven en la zona. La policía cerró varias bocas de expendio de estupefacientes -una de las principales fuentes de la violencia- pero, de inmediato, se abrieron otras que, al ser clausuradas, volvieron a abrirse en las cercanías.

El Ministerio del Interior sostiene que hay que elevar la mira detectando a los proveedores, es decir, solucionar el problema cortando las raíces del mismo.

Todo parece indicar, sin embargo, que la compasión predomina sobre la justicia -que no son incompatibles entre sí, por cierto- pero la sociedad, es decir, todos nosotros, también tiene derechos y uno de ellos es el de reclamar, exigir a los Poderes del Estado que cumplan con su obligación de poner a buen recaudo a quienes atentan violentamente contra ella, y más aún si son reincidentes contumaces.

Choca contra el sentido común que la sociedad entera se consagre a mantenerlos mientras están encarcelados. ¿No sería más lógico y correcto que esa suspensión de la libertad se concrete en granjas colectivas (aunque esta denominación trae malos recuerdos) y que ellos mismos se encarguen de producir los alimentos que consumen y de devolver a la sociedad, como mínimo pago por sus fechorías, el excedente que surja? Parece evidente que debemos reexaminar los criterios jurídicos existentes al respecto, con imparcialidad y objetividad pero sin olvidar que el lenguaje del rigor justiciero responde más al sentir de la sociedad agredida, que el de los falsos profetas y teóricos que inclinan la balanza hacia el lado de quienes violan sus principios más elementales.

De lo contrario, cundirá el escepticismo. Vivimos en un tiempo en el que la tecnología puede hacer casi lo imposible. ¿Por qué no poner sus más avanzados recursos al servicio de los organismos que luchan contra la criminalidad? ¿Cómo es posible que no se sepa quiénes y qué funciones cumplen los que están vinculados al comercio de la droga, quienes son sus esbirros, su cadena de ingresos, sus refugios, sus enlaces y cuánto otro dato se requiera para su captura? Cámaras ocultas, mecanismos de escucha, infiltración de agentes y tantos otros medios, no comulgan con aquello de que se cierra una boca y se abre otra. ¿Cómo no disponer de un registro completo de expendedores y consumidores? Pero el problema no se limita al campo de la droga, que origina infinidad de delitos. Está diseminado por doquier. La delincuencia ejerce una violencia inusitada, desproporcionada a los objetivos que persigue. Se mata por matar. Luego se logra que se apliquen penas relativamente leves y, aún así, se vuelve a delinquir. ¿Cómo explicar que un antisocial cometa más de un homicidio en pocos meses? Es que algo falla en nuestra cultura, nuestro ordenamiento legal o en el criterio de quienes juzgan. "No queremos seguir viviendo así", clamó, llorosa, una humilde mujer víctima de un asalto.