Ahorristas reclaman recobrar sus fondos

Ex ahorristas del ex banco de Montevideo con depósitos superiores a US$ 100.000 sostienen que sus fondos fueron expropiados por el Estado mediante la ley 17.613 (Fortalecimiento del sistema financiero), que recuperaron no más del 20% y reclaman se les devuelva el total.

Lucía Fontana, vocera de un grupo de 300 afectados, dijo a El País que unas 6.000 personas se encuentran en esta situación y que hace nueve años luchan sin éxito por recuperar sus ahorros, más allá de haber mantenido contactos con el gobierno y los sectores políticos.

"Las tres instituciones financieras privadas que quebraron (Montevideo, Caja Obrera y Comercial) dejaron de serlo por el dictado de la ley 17.613, nos expropiaron todos nuestros ahorros pasando a manos del Estado", comentó Fontana.

"El Estado todavía no ha tomado las decisiones correctas para dar solución al problema de tantos uruguayos afectados, que están a la espera de la devolución de lo que les pertenece y que les fue arrebatado por el propio Estado, en una violencia económica nunca antes vista en el país", añadió. Afirmó que a no haber recuperado "ni el 20% de los montos expropiados por el Estado a los ahorristas del Banco de Montevideo", se agrega "el tiempo transcurrido, que acentúa nuestras perdidas".

Fontana salió al cruce de los ahorristas que presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Señaló que estos ahorristas "tenían sus ahorros en el extranjero, en el Trade Comercial Bank y nunca estuvieron bajo la supervisión del Banco Central, razón por la cual no pudieron ser reconocidos por la ley 17.613 en calidad de ahorristas ni integrar la liquidación de los fondos de recuperación".

Expresó que "lo correcto es que son ahorristas con depósitos en el extranjero del Banco de Montevideo. Sin embargo, ignoran los miles de uruguayos con depósitos en el país que sí eran ahorristas del Banco Montevideo reconocidos por la ley 17.613".

Señaló que su grupo no expuso la "violación" a sus derechos en una corte internacional "por razones onerosas". Sí lo hicieron ante la Justicia uruguaya, pero "todos los juicios salieron a favor del Estado, ocasionándonos aun más perjuicios, ya que litigar contra el Estado fue la única salida que nos dejaron".