La jueza penal Fanny Canessa desestimó ayer procesar a Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli por el caso casinos. Concluyó que los exjerarcas comunales fueron engañados por Bengoa. El fiscal Diego Pérez estudia apelar.
En una extensa resolución de 85 páginas, Canessa dispuso el archivo del expediente por las irregularidades en contratos de los casinos de la Intendencia de Montevideo durante el período 2000-2005 en relación al exintendente Mariano Arana, la exsecretaria general de la comuna, María Julia Muñoz y el exdirector de Desarrollo Económico, Alberto Rosselli.
La resolución que absuelve a las exjerarquías municipales tiene lugar casi cuatro años después del procesamiento del director de los casinos comunales durante la gestión de Arana, Juan Carlos Bengoa, que fue enjuiciado junto a otras cuatro personas.
El pasado 30 de agosto, el fiscal Diego Pérez había pedido los procesamientos con prisión de Arana, Muñoz y Rosselli, a quienes acusó por los delitos de fraude, concusión (coimas) y abuso de funciones.
El representante del Ministerio Público opinó que los tres conocían la operativa fraudulenta de Bengoa y que, además, con acciones y omisiones, la posibilitaron.
Consultado anoche por El País, Pérez dijo que analizará si apela el fallo absolutorio de la jueza Canessa. "Todavía no sé, tengo que estudiar la resolución", dijo el fiscal, quien tiene cinco días para presentar un recurso contra la decisión.
En su resolución, la jueza critica varias veces al fiscal, al considerar que muchos de los argumentos que manejó, son contradictorios entre sí.
LOS DELITOS. En la resolución, Canessa resume los argumentos del fiscal y por qué entiende que Arana, Muñoz y Rosselli deben ser procesados.
Luego, la magistrada analiza punto por punto la tesis de Pérez y se explaya sobre los motivos por los cuales, a su juicio, no hay mérito para ordenar los enjuiciamientos.
En cuanto al delito de fraude, la jueza descarta esa imputación por cuanto Arana, Muñoz y Rosselli no conocían las maniobras de Bengoa y, por eso, ellos fueron víctimas de engaño de su parte.
Para Canessa, "los elementos allegados a la causa, permiten ratificar con un grado de convencimiento rayano en la certeza, que dichos jerarcas confiaron en Bengoa y su equipo (...) al punto que omitieron actuar con la debida diligencia, en el contralor del subordinado y en consecuencia fueron engañados".
Según Canessa, "no se advierte cuál fue, en qué habría consistido" el proceder con engaño de Arana, Muñoz y Rosselli, ya que Pérez "no lo ha precisado" en su dictamen.
Pero, además, si la consumación de una maniobra fraudulenta implica un acto ejecutivo, "parecería que no se puede imputar el Fraude, a título de omisión impropia", dice la jueza, que al respecto coincidió con el planteo que formularon las defensas de los indagados.
Por otro lado, en cuanto a la imputación del delito de concusión (coimas) por la obra de remodelación del Casino Parque Hotel, la jueza concluyó que no hay elementos que involucren ni a Arana ni a Muñoz con ese tema.
La situación de Rosselli "es distinta", por cuanto fue quien envió las notas de agradecimiento a los empresarios que aportaron dinero para la obra. Sin embargo, para la jueza "ello no es suficiente para realizarle un reproche penal".
En relación al delito de abuso de funciones, que el fiscal pidió imputar a Arana, Muñoz y Rosselli por su supuesta intervención en contratos vinculados a los casinos, la jueza tampoco encontró mérito.
En relación al exintendente, la jueza señala que el fiscal "no aclara cuál habría sido la finalidad perseguida" por Arana al firmar resoluciones que "implicaran un desvío de poder susceptible de ser calificado de arbitrariedad, la que en opinión de la proveyente, no resulta acreditada, ni desde el punto de vista objetivo, ni del subjetivo".
Respecto de Muñoz, para Canessa "no hay prueba de ningún tipo" que permite afirmar fue ella quien redactó las resoluciones que favorecieron a empresarios privados.
Para la jueza, tampoco se puede responsabilizar a Rosselli en relación a este punto. Según el fiscal, se delegó en él la firma de los contratos cuestionados, pero "sugestivamente" las salas de juego en ese momento (2001) no dependían de la División de Promoción Económica, unidad que era dirigida por Rosselli, dice la resolución.
Mariano Arana se enteró del fallo en Bolivia; lo tomó con "tranquilidad"
Daoiz Uriarte, abogado del exintendente Mariano Arana, mostró su satisfacción y su confianza en la Justicia al notificarse ayer del fallo de la jueza Fanny Canessa.
Uriarte destacó la "calidad técnica" de la extensa sentencia de la jueza, que admitió como válidos los argumentos centrales que planteó la defensa.
Al mismo tiempo, expresó que el fallo "muestra los graves errores de valoración de prueba en los que incurrió la fiscalía".
La sentencia, a juizo de Uriarte, "deja bien en claro que en ningún momento el arquitecto Arana y tampoco Muñoz y Rosselli tuvieron ningún conocimiento de las maniobras, como queda claramente demostrado en el expediente, y es ésta la razón por la cual la señora juez descartó toda responsabilidad".
El abogado explicó que Arana "se encuentra en Bolivia, participando de una actividad académica", y allí se enteró de la noticia "con tranquilidad".
Uriarte también criticó la "politización" que hubo en torno al caso.
"Creo que politizar cualquier acción judicial es mala cosa. La jueza hizo mención a que este caso se ha politizado; yo creo que lo importante es el resultado de la Justicia", dijo.
Preguntado sobre una eventual apelación por parte del fiscal Diego Pérez, Uriarte dijo desconocer "si va a haber apelación", pero entiende que "a la luz de la extensa y prolija sentencia, y de las consultas que se han presentado por los juristas, el fiscal no debería apelar; más aun cuando su pedido (de procesamiento) está claramente basado en un tipo de delito no previsto por la ley".
Uriarte descartó que en la solicitud del fiscal hubiera alguna intencionalidad política, "pero sí un grave error".
Pruebas solo con "nivel de sospecha"
La jueza Fanny Canessa concluyó en su fallo que "las pruebas de cargo" tomadas en cuenta por el fiscal Diego Pérez para pedir los procesamientos de Mariano Arana, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli, "analizadas objetivamente, con apoyo de las normas de experiencia y razón, no superan el nivel de sospecha".
A su vez, la magistrada cuestiona al representante del Ministerio Público por haber tomado como un elemento válido contra Arana, Muñoz y Rosselli declaraciones de Juan Carlos Bengoa quien los implicó en las maniobras como parte de su estrategia de defensa, según la visión de Canessa.
Así, para la jueza "atribuir naturaleza testifical a la declaración de un coimputado no parece la solución más correcta ya que la diferencia entre la declaración que presta el imputado y el testimonio que depone quien tiene la condición de testigo reviste consecuencias prácticas evidentes".
De todos modos, Canessa, a pesar de "no haber tenido el honor de compartir la interpretación de los hechos y de la prueba, ni los criterios de imputación" planteados por Pérez, destacó la "laboriosa" tarea llevada a cabo por el fiscal "de acuerdo a sus propias y legítimas convicciones".
Asimismo, en la resolución, la jueza expresa su "franco rechazo" hacia los cuestionamientos que en su momento se lanzaron contra Pérez, y que implicaron "actitudes que excediendo el legítimo derecho de criticar y discrepar con sus conclusiones, como con las de cualquier magistrado, en el marco de un análisis y debate jurídico, se han traducido en agravios y descalificaciones personales".
Las críticas a Pérez motivaron, tiempo atrás, una declaración de la Asociación de Fiscales en su respaldo.
"GRAN DESILUSIÓN". El diputado Jorge Gandini (Alianza Nacional) dijo sentir ayer una "gran desilusión" por el fallo de la jueza Canessa, aunque aclaró que lo respeta "en su totalidad".
"El Poder Judicial tendrá que hacerse cargo de decirle a la gente que aquí no ha pasado nada, o en todo caso que el hilo se ha cortado por lo más delgado, que no hay responsabilidades jerárquicas. Tendrá que hacerse cargo de que crezca la indignación en la gente", dijo Gandini a El País. "Es realmente sorprendente que no haya ninguna responsabilidad penal sobre ninguno de los imputados", agregó.