Una veintena de instituciones presentaron recursos de impugnación ante la Dirección General Impositiva (DGI) por el pedido de datos sobre quiénes pagan las cuotas en colegios y clubes, pero más de la mitad no continuarán con ese proceso, informó a El País el director general de Rentas, Pablo Ferreri.
"Solamente hemos recibido unos 20 recursos, de los que la mitad no fueron fundamentados, es decir, presentaron recursos pero luego no lo fundamentaron", dijo el jerarca.
Esas instituciones consideraron que el pedido de datos sobre quiénes efectuaban los pagos de cuotas que superaran un cierto monto que da cuenta de "capacidad contributiva" no es legal y viola la intimidad.
Ferreri agregó que "en algún caso alguna institución nos ha llamado para decirnos que iban a levantar el recurso de impugnación". Es que los colegios deberán dar los datos a DGI a pesar de impugnar la resolución del Fisco, ya que ese proceso puede llevar años. Las instituciones deberán agotar la vía administrativa antes de llegar a una instancia de juicio contra el Estado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Solo ese proceso previo puede llevar hasta 200 días.
Por el momento, algunos colegios y clubes están esperando que la DGI revoque o confirme su resolución, para lo que tiene un plazo de 150 días.
En general, el Fisco no se pronuncia, lo que se considera un pronunciamiento tácito negativo. Los particulares agotan la vía administrativa ante el Ministerio de Economía, que dispone de 50 días. Recién luego de ese proceso se presenta la demanda de nulidad ante el TCA, que puede llevar años.
Ferreri sostuvo que como la administración tributaria pide datos del responsable del pago sin vincularlo a ningún niño en particular no se violenta "la esfera de la familia", y a su vez se "vela por el interés general, con la obtención de recursos para financiar la vida en sociedad".
El titular de rentas sostiene que este pedido de datos se realiza "como tantos otros a terceros" y reiteró que luego se contrastará con las declaraciones juradas de IRPF. Agregó que la medida "no afectaría a más de 50.000 personas".
Además de colegios y clubes, los datos serán solicitados a universidades privadas, que decidieron acatar la medida.