Desalojan un asentamiento en Punta

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PUNTA DEL ESTE | M. GALLARDO

Varias personas que viven en construcciones irregulares en una de las zonas más caras de Punta del Este fueron intimadas por la Justicia a abandonar el predio tras ser denunciadas por usurpación, tanto por la Intendencia como por la alcaldía.

La jueza penal Adriana Graziuso pospuso para el jueves la audiencia ratificatoria del pedido de procesamiento por el delito de usurpación solicitado por el fiscal contra varias personas asentadas de forma ilegal en el fraccionamiento "Lobos" de Punta del Este

La prórroga de la audiencia fue solicitada por la defensora de oficio quien pidió un tiempo para estudiar el expediente iniciado el 8 de diciembre de 2009 a partir de una denuncia presentada por los abogados de la Intendencia de Maldonado contra los ocupantes ilegales.

Posteriormente, en julio de 2011 -tras crearse los municipios- el alcalde de Punta del Este. Martín Laventure también presentó denuncia por usurpación por el mismo caso.

Algunas de las personas que fueron notificadas tienen antecedentes penales, por lo que no se descarta que si la juez resuelve los procesamientos pedidos por la fiscal Estela Lorente, sean remitidos a la cárcel.

Las actuaciones de ayer comenzaron apenas amaneció, con un operativo policial en el fraccionamiento Lobos de Punta del Este. Unos veinte efectivos dependientes de la Comisaria 10ª, de Radio Patrulla y del Grupo Especial de Operaciones llegaron en una decena de móviles y tomaron posiciones en los puntos de acceso al enorme fraccionamiento ubicado sobre la rambla de playa Brava.

Una vez armado el dispositivo, varios efectivos comenzaron a golpear las puertas de las casas construidas en el predio para concretar las citaciones emitidas por el juzgado penal de 2º turno de Maldonado para la misma tarde de ayer lunes.

En algunos casos, los residentes en el fraccionamiento, notificados uno por casa, resistieron la presencia policial lo que motivó su detención por desacatado y por insultar a los policías actuantes.

Los restantes fueron emplazados a presentarse en la subcomisaría de San Rafael desde donde fueron enviados en móviles policiales a la sede judicial de la capital departamental.

Uno de los emplazados no pudo ser ubicado a primera hora de la mañana en su vivienda pero sí más tarde mientras caminaba por la avenida Gorlero. Allí fue notificado de la citación judicial.

El fraccionamiento Lobos tiene unas 25 hectáreas y es delimitado por la rambla Lorenzo Batlle Pacheco de la playa Brava y las avenidas San Remo, Roosevelt y Del Mar. Sobre la rambla se levantan las torres Le Parc I y II, la Torre Lobos, Tiburón III. Por avenida del Mar el edificio Quartier del Mar.

Sobre la avenida Roosevelt está en construcción el grupo de edificios One en el predio donde también se levantará un paseo de compras.

El terreno fue propiedad durante décadas de tres inversores argentinos y mantenido como "reserva de tierras" hasta que el boom inmobiliario desatado a mitad de la década pasada dio paso a la construcción de las torres.

EL ASENTAMIENTO. En forma simultánea, en el interior del fraccionamiento, comenzaron a instalarse familias provenientes de diversos puntos del territorio nacional e inclusive algunos extranjeros.

El frondoso bosque permitió la ocupación de buena parte de la tierra. Algunos años atrás, un inversor argentino desembolsó una fuerte suma de dinero para incentivar el retiro de algunas de estas familias, cosa que logró una vez entregado el dinero ofrecido por dos inmobiliarios de la zona.

En la actualidad se calcula que más de una decena de familias ocupa una docena de casas y casillas levantadas en forma precaria en una de las zonas más costosas y de mayor desarrollo del balneario.

En la tarde, además del anuncio de la suspensión de la audiencia a solicitud de la defensora de oficio de los intrusos, FM Gente informó que "ocho de los más de diez ocupantes ilegales en proceso de desalojo" denunciaron (en la radio) "abuso policial ya que, según su versión, tres de ellos fueron detenidos sin haberse desacatado".

El alcalde Laventure, cuando formalizó la denuncia de usurpación por este terreno, dijo que el municipio de Punta del Este "tomó una resolución de carácter general, de acuerdo a la cual vamos a actuar inmediatamente cada vez que se constate una ocupación".

El diputado Nelson Rodríguez (Aire Fresco) denunció hechos de presunta naturaleza delictiva en el manejo de predios abandonados al este del arroyo Maldonado. Se trata de ocupaciones ilegales concretadas con la intervención de escribanos públicos quienes extendieron certificados notariales para facilitar la ocupación mediante el acto de la prescripción. "La maniobra consiste en la que los ocupantes de los terrenos exhiben documentación rubricada por profesionales (que) establece que la ocupación de dichos terrenos data de varios años, cuando en realidad se trata de ocupantes recientes. De esta forma se evita la aplicación de la Ley de Usurpación, aprobada en el año 2007", dijo Rodríguez.

Artículo 354º del Código Penal: "(Usurpación). Será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría: 1. El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, ocupare en forma arbitraria, parcial o totalmente el inmueble ajeno. 2. El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, remueve o altera los mojones que determinan los límites de un inmueble. 3. El que, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, desvíe el curso de las aguas públicas o privadas. Constituye una circunstancia agravante, el hecho de que la usurpación se cometa en inmuebles ubicados en zonas balnearias, delimitadas por los respectivos Gobiernos Departamentales. Este delito será perseguible de oficio o a instancia de parte, en cuyo caso la denuncia podrá ser presentada por cualquier persona y en cualquier momento".