UE puede multar a Madrid por contaminación

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MADRID | EL PAÍS DE MADRID

Plaza de Fernández Ladreda. Allí está Eusebio García, un jubilado madrileño al que no le choca lo más mínimo enterarse de que vive en el punto más contaminado de la capital.

En lo que llevamos de año, la estación que el Ayuntamiento ha colocado en un extremo de la plaza, en un parque entre la avenida de Oporto y Vía Lusitana, ha medido una media de 70 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2). Es casi el doble de lo permitido, 40. Eusebio, algo atorado por cifras, menea la cabeza, escéptico, y sentencia: "Yo lo que sé es que la garganta se me seca y me pica, y que mi mujer se queja de que las cortinas no le aguantan limpias ni tres meses. Ahí tienes la contaminación".

Madrid incumple la legislación de calidad del aire. En 2010, el primero en el que las recomendaciones de la UE se convirtieron en obligación, la ciudad registró 44 microgramos de NO2 de media. A estas alturas del año, a falta de ver qué sucede en los que tradicionalmente son los peores meses, ya va por 43. Y no es solo un problema de la capital: las medias de regiones como Leganés (46) y Coslada (44) también ponen a la Comunidad en la obligación de explicar por qué se ha llegado a esta situación y con qué medidas va a intentar paliarla. En lugar de eso, las responsables de medio ambiente de una y otra Administración miran al cielo y silban. La calidad del aire de la región es "excelente", y el que asegura lo contrario hace gala de "demagogia", ha dicho esta semana la consejera María Isabel Mariño. La concejal Ana Botella opina que "el desempleo asfixia más" y cuestiona, desoyendo a organismos como la OMS, que la contaminación afecte la salud.

Los políticos niegan y los ciudadanos no exigen, viene a decir el catedrático de Ecología de la Complutense Francisco Díaz Pineda. "No existe la más mínima conciencia ambiental", lamenta. Y eso es porque falta "información y educación". Los efectos negativos sobre la salud se han probado en centenares de trabajos científicos. "Pero nadie se cae muerto de repente por la contaminación. Es como lo que dice el fumador. Sí, puede que me muera, pero no por fumarme este cigarrillo".

De no ser por organizaciones como Ecologistas en Acción, solo los más interesados en la cuestión sabrían que, por ejemplo, a principios de esta semana ocho estaciones de la red del Ayuntamiento superaron los 200 microgramos de NO2 a la vez. Eran las nueve de la noche del día 4. La mayoría de madrileños que viven cerca del punto de medición de la avenida de Ramón y Cajal no se enteraron de que estaban respirando aire con 364 microgramos por metro cúbico de este gas irritante que hace la vida más difícil a, entre otros, asmáticos, alérgicos y afectados por enfermedades pulmonares. Tendrían que haber entrado en la página web del Ayuntamiento y encadenar varios clics -cuatro si se sabe dónde buscar; muchos más si no- hasta llegar a la información.

Inconscientes. Las condiciones que deben darse para que el Consistorio active los avisos a la población son muy estrictas. "Hay que estar realmente mal para que salte. Es alucinante que se rebasen límites legales y aquí ni siquiera se llegue al nivel de aviso", se queja Paco Segura, de Ecologistas en Acción. En febrero pasado, semanas de anticiclón generaron una nube sobre la capital tan densa que el Ayuntamiento usó los paneles luminosos de la M-30 para pedir a los madrileños que dejaran el coche en casa. El Ministerio de Medio Ambiente prometió elaborar en cuestión de meses -aún no lo ha hecho, pese a que estaba previsto para julio- un plan nacional de calidad del aire. La alarma era evidente. Pues ni siquiera entonces se llegó al nivel oficial de aviso, que establece que dos estaciones de la misma zona deben superar los 250 microgramos durante al menos dos horas consecutivas. Los vecinos de Ramón y Cajal pueden estar respirando más de 250 microgramos durante tres horas seguidas (era la noche del día 4).

Ni Botella ni Mariño han pedido al Ministerio de Medio Ambiente que tramite en Bruselas la prórroga de cinco años que prevé la legislación para los casos extremos, aquellos en los que una zona haya hecho todo lo posible para reducir su contaminación y aún así haya fracasado. No pedirla equivale a enfrentarse a que España acabe en el Tribunal de Luxemburgo por no cumplir directivas europeas como la 50/2008, que prevé sanciones económicas. El plazo que Medio Ambiente les había puesto era el 30 de septiembre. Botella, en una interpretación cuestionable de un artículo ambiguo de la normativa, asegura que, legalmente, puede demorar la petición de prórroga hasta finales de 2012. Sin embargo, lo hará antes de que acabe este año, asegura. Mariño aún no decidió nada.

Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad saben que incumplen la legislación europea desde que acabó el año pasado. Han pasado diez meses. Pero Bruselas llevaba años preparando a los Estados miembros, recomendando niveles máximos cada vez más restrictivos para que pudieran llegar a 2010 con los deberes hechos. Ecologistas en Acción, la oposición y múltiples expertos se preguntan qué se ha hecho y, sobre todo, qué se va a hacer ahora. El plan de calidad del aire de la capital caducó en 2010. El de la Comunidad aún está vigente. Es el llamado Plan Azul, basado en la promoción del transporte público. "El Ejecutivo va a seguir tomando medidas que garanticen que el aire que respiran los ciudadanos sea cada vez más limpio", reza un comunicado que la Consejería de Medio Ambiente envió el viernes pasado. La medida estrella: "Programas educativos de conducción ecológica en los institutos madrileños".

El departamento de Botella lleva meses preparando el próximo plan de calidad del aire. La concejal aseguró en el último pleno municipal que se aprobará "en breve". ¿Incluirá algún tipo de restricción al tráfico como otras ciudades europeas llevan años aplicando? Es lo que sospechan en el Ejecutivo de Aguirre. Y han dejado claro que no lo van a apoyar. "Esa medida no va a partir de la Comunidad", aseguran fuentes de la Comunidad de Madrid. Según Mariño, para no perjudicar a la actividad económica. Ecologistas en Acción le recuerda que un análisis de impacto de la Comisión Europea calculó el coste de la aplicación de políticas de mejora de la calidad del aire y que incluso en el peor de los escenarios los beneficios superaban entre 1,4 y 4,5 veces a los costes.

35% Es lo que se debe reducir la media anual de dióxido de nitrógeno en algunas zonas de Madrid para cumplir con la Unión Europea.

80 Son los kilómetros por hora en que pueden circular los autos de Barcelona; esta es una de sus medidas contra la contaminación.

Madrid | Muchas ciudades europeas ya han tomado medidas de limitación o de restricción del tráfico en sus cascos urbanos. Hay varios modelos, desde el peaje de Londres hasta las zonas ambientales de las urbes alemanas, pasando por la prohibición total de circular que imponen ciudades italianas cuando los niveles de contaminación son excesivos.

La capital británica puso en marcha el "congestion charging" en 2003: los vehículos pagan entre 9 y 12 libras al día por circular por el centro de Londres. No hay puestos de peaje ni barreras, sino unas cámaras situadas en las entradas que leen las matrículas. Los residentes tienen un descuento del 90%. Hace un par de años, el Ayuntamiento londinense aseguraba que el tráfico se había reducido un 21% con este sistema, pero ahora admite que la congestión ha vuelto a los niveles anteriores.

Las zonas de bajas emisiones, funcionan ya en medio centenar de ciudades alemanas. Se basan en clasificar los vehículos por colores y números en función de sus emisiones contaminantes y de señalar zonas, generalmente del centro, a las que no pueden acceder los coches más contaminantes. Berlín introdujo la zona ambiental en 2008: un área de 88 kilómetros cuadrados. El País de Madrid