Casi nadie en el sector del agro duda que José Mujica obra de buena fe, que no tiene rencores del tipo "clasista" hacia los productores rurales, como sí, en cambio, lo tienen algunos de sus propias tiendas. Esos no calibran que hoy el campo no se maneja desde Punta del Este -como dogmáticamente repiten- dejando pastar novillos hasta que engorden aunque hayan pasado para eso cinco años; hoy los establecimientos ganaderos son empresas que se manejan con eficiencia, donde la producción de novillos que se vuelca a la exportación no supera los tres años de edad y la agricultura extensiva es un complemento formidable que la economía nacional bien agradece por los números que le viene generando.
El presidente Mujica ha dado pruebas de comprender que el agro es el más importante motor de nuestra economía y que el conglomerado del sector se compone de grandes, medianos y pequeños productores y que el país necesita de todos para seguir creciendo; es la conjunción de ellos lo que alimenta a la locomotora agro-industrial. El problema del presidente, como todos saben, es que ve un micrófono y no puede sustraerse a hablar, haciéndolo sin calibrar que lanzar una idea al boleo trae repercusiones inmediatas.
Cuando en un infeliz momento Mujica habló de la creación del impuesto a la concentración de inmuebles rurales ICIR) que viene marcando la agenda política desde junio seguramente no calibró que eso iba a provocar lo que provocó: la agitación de su avispero interno. Porque si Mujica obra de buena fe, tiene empero en su entorno a quienes esperaban la ocasión para arremeter contra los "latifundistas", aprovechando la bolada que el presidente les sirvió en bandeja. Y se agitó el avispero de los "sesentistas". Mujica quedó así embretado en una idea que desde una amplia variedad de sectores (incluido parte de su propia coalición) le fue bombardeada con sensatos argumentos sobre la inconveniencia de un impuesto que puede provocar desestabilización en el sector ganadero, que no va a lograr los objetivos buscados (el de desestimular la concentración de tierra) y que hasta puede ser inconstitucional.
Como Mujica es un hombre sobre quien el sector agropecuario aún cree que obra de buena fe (y que en este punto solamente se equivocó) quizás todavía está a tiempo de enmendar el desaguisado y desactivar el avispero, aunque, claro, manejar a ese entorno que encontró leña para avivar el fuego de la "lucha de clases" no le va a ser fácil.
Por otra parte, lo que Mujica le debe todavía a los productores es otorgarle herramientas para que sigan superándose empresarialmente, de manera que puedan alcanzar el mayor nivel de desarrollo en sus establecimientos. En tal sentido, es importante solucionar una carencia que parte del agro tiene y que en el mundo de hoy no puede admitirse: la imposibilidad de conectarse a Internet, que muchas zonas rurales padecen. Y no estamos refiriéndonos a los departamentos más alejados de Montevideo, sino, como el propio presidente podría comprobar con solo recorrer el interior, a sitios como el cercano departamento de Rocha, donde -a vía de ejemplo- a solo 20 kilómetros de distancia de una ciudad como Lascano no hay posibilidad de que llegue la señal de Internet. Y no llega porque no hay suficiente cobertura de las antenas dispuestas por las empresas de telefonía celular.
Por más que los productores adquieran los modem que se ofrecen, la verdad es que muchas zonas rurales del interior no consiguen la conexión, o en todo caso la logran apenas unas pocas horas en la semana.
¿Qué debería hacerse? Obviamente la solución es cubrir el país entero con antenas emisoras de señales, pero claro que las empresas privadas que hoy lo hacen (y la propia Ancel) responderán que eso es costoso y que la solución debe venir por el lado del Estado. Si el gobierno de Mujica apuesta a tener productores rurales que sean empresarios ejemplares, deberá ingeniárselas para proveer a todo el interior de esa herramienta. Esa es una apuesta a la verdadera modernidad. Lo otro, es agitar el avispero.