Declaración sobre la Caducidad encuentra resistencia fuera del FA

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VALERIA GIL

Pese a la advertencia del vicepresidente Astori, el FA acordó presentar un proyecto para cambiar la fecha de prescripción de los delitos cometidos en dictadura. La oposición está dividida respecto a una declaración de la Asamblea General.

El Frente Amplio (FA) negocia con los líderes de la oposición una declaratoria de la Asamblea General en la que se reconocería que los delitos cometidos en la dictadura (1973-1985) son de "lesa humanidad" y por lo tanto "no prescriben".

"La Asamblea General seguramente declarará la exhortación a todos los poderes del Estado a que rija su accionar a través de las normas de derecho internacional y que se apliquen estos principios del derecho internacional en las normas del derecho interno", dijeron a El País fuentes de la coalición de izquierda.

El FA pretende acordar el contenido del texto de la declaratoria con el presidente del Directorio del Partido Nacional, senador Luis Alberto Heber, el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Entre lunes y martes, el presidente del FA, Jorge Brovetto, mantendrá distintas reuniones con los líderes de la oposición. El lunes a la hora 17.30 habrá un encuentro con el Partido Independiente y el martes a la hora 18.30 está prevista una reunión con el Directorio del Partido Nacional.

La declaratoria sería presentada en la próxima semana por la Asamblea General y la idea es que sea aprobada por todos los partidos políticos. Sin embargo, si la oposición no acompaña será aprobada por el FA, dijo a El País el diputado suplente Carlos Coitiño (PVP), integrante de la Comisión de Caducidad.

Esta propuesta de declaratoria generó distintas reacciones en la oposición. El senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) dijo a El País que no votará "ninguna declaración, ni por vía de ley, ni por vía de nada".

"No estoy de acuerdo porque seguimos interfiriendo con la voluntad popular expresada en dos instancias plebiscitarias. No estoy de acuerdo y no voy a aprobar nada en ese sentido", insistió Larrañaga. El senador entiende que no se puede "seguir insistiendo cuando la ciudadanía ya dijo categóricamente que no", agregó.

Por su parte el senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) señaló a El País que estudiará la propuesta del oficialismo, pero advirtió que "el FA todo lo que ha hecho ha sido con el propósito de eludir a los pronunciamientos populares". "Si esta vez pretenden eludir los pronunciamientos de 1989 y 2009, en eso que no cuenten con nosotros", remarcó Gallinal. Al tiempo que agregó que el FA "siempre ha prescindido de la opinión del Partido Nacional y ahora como han fracasado todos los caminos tramposos que han elegido vienen a golpear nuestra puerta", sentenció el líder de Correntada.

Por su parte, Bordaberry señaló a El País que está dispuesto a estudiar una propuesta de declaración. Sin embargo, indicó que para hacerla efectiva se deberían incluir los delitos desde el año 1963 hasta 1985. "No es del 73 al 85 e implica incluir al accionar (tupamaro) anterior y creo que sería una buena forma de encarar el tema con reconciliación", puntualizó.

Por su parte, Mieres dijo a El País que en términos generales el Partido Independiente acompañaría la propuesta que promueve el FA. Sin embargo, rechazó la posibilidad de votar un proyecto de ley que implique cambiar plazos de prescripción de delitos.

PRESCRIPCIÓN. Además de la declaratoria de la Asamblea General, el Frente Amplio acordó que el tema de la Caducidad se salde por medio de "una solución legislativa", dijo Coitiño a El País. "En la comisión acordamos bastante más que la declaratoria, acordamos utilizar la vía legislativa sobre todo del tema de prescripción", explicó.

El voto de este proyecto se negociará con la oposición, pero si no hay acuerdo "el FA lo presentará por separado", sostuvo Coitiño.

Si bien hay acuerdo para presentar la iniciativa, aún no hay consenso sobre el texto del proyecto. El martes 11, la Comisión de Caducidad del FA se volverá a reunir para definir los detalles del proyecto que remitirá al Parlamento.

Entre las posibilidades que se maneja está la que contempla "el restablecimiento de la capacidad punitiva del Estado", propuesta por Javier Miranda (director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura).

El diputado Víctor Semproni (Espacio 609), que se negó a votar la ley interpretativa e hizo fracasar el intento de anular la ley de Caducidad, dijo a El País que está de acuerdo con la iniciativa para cambiar los plazos de prescripción de los delitos.

"Entiendo que estamos ante delitos de lesa humanidad y creo imprescindible que el Parlamento asuma la responsabilidad, no importa el mecanismo", agregó Semproni.

El diputado suplente Carlos Coitiño (Partido por la Victoria del Pueblo) salió al cruce de las declaraciones del vicepresidente Danilo Astori.

Astori dijo a El País que un proyecto de ley que cambie los plazos de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura militar "es un camino ya recorrido, que conduce a frustraciones y puede incluso llegar a contradecir la voluntad popular".

"No quiero entrar en polémica con Astori, pero creo que está usando algunos argumentos que la derecha de este país empleó a los efectos de evitar la responsabilidad de cumplir con todos los compromisos asumidos a nivel internacional", señaló Coitiño.

El diputado sostuvo que le extraña que Astori "utilice argumentos que la derecha utilizó, cuando él mismo a nivel del Parlamento votó la iniciativa anterior para anular la Caducidad".

Por su parte, el diputado Luis Puig (PVP) se limitó a decir que la opinión de Astori no fue la que presentaron los integrantes de Asamblea Uruguay (sector liderado por el vicepresidente) en la comisión sobre Caducidad".

Realización de un acto de masas en donde los tres poderes del Estado (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) asuman su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. El acto se debe realizar antes del 23 de febrero de 2012, en cumplimiento de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso de María Claudia García de Gelman.

n Colocar en el espacio del Servicio de Información de Defensa (SID) una placa con la inscripción del nombre de las víctimas y de todas las personas que durante la dictadura estuvieron detenidas ilegalmente en el lugar.

n Habilitar el cambio de destino del edificio de la SID, a los efectos de albergar a instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.

n Conformación de una comisión interministerial que se encargue de dar impulso a las investigaciones.

n Ampliación de la integración de la Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz, incorporándose a la misma a un representante del Ministerio Público y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de Derechos Humanos.