Estación de AFE: gobierno desiste de expropiar para terminar juicio

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E. BARRENECHE / P. MELENDREZ

Para poner fin a un millonario juicio, el gobierno quiere dar al empresario Fernando Barboni la concesión de la estación central y ex playa de maniobras de AFE. Pero el empresario seguirá con la demanda en la que reclama US$ 800 millones.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ya resolvió días atrás dejar sin efecto el trámite de expropiación de la ex playa de maniobras de AFE iniciado por el entonces titular de la cartera, Víctor Rossi, quien consideró que ese predio debía ser utilizado para la ampliación del puerto capitalino.

En 2008, el MTOP tasó y depositó US$ 8 millones para iniciar el trámite de expropiación y obtener la posesión de la ex playa de maniobras de AFE.

"El Ministerio de Transporte desistió de expropiar la ex playa de maniobras de AFE para poder cumplir con los contratos que tenía vigente Saduf. Tiene que ver con la entrega de esos inmuebles, ya que hay una sentencia judicial que obliga al Estado", dijo a El País el director general de Secretaría del MTOP, Pablo Ferrer.

Saduf es una empresa privada gestionada por el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay. Fue creada para impulsar el desarrollo de zonas aledañas a la estación de trenes (Plan Fénix). Este programa urbanístico fue concebido durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti.

En abril de este año, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó un fallo judicial que obligaba a Saduf a entregarle a Barboni -propietario de la empresa Glenby S.A.- la concesión por 30 años de la estación "General Artigas" y la propiedad de la ex playa de maniobras del ente ferroviario.

Consultado Ferrer sobre la fecha en que el gobierno entregará ambos bienes al empresario Barboni, el jerarca ministerial respondió: "Se hará cuando la empresa esté dispuesta a tomarlos. Se trata del cumplimiento de una sentencia judicial" por parte del Estado, dijo.

Ferrer aclaró que el juicio principal no es contra el Ministerio de Transporte.

"El nuestro era simplemente un juicio expropiatorio. Lo que puedo informar es que el Ministerio de Transporte desistió de la instancia de la expropiación para poder facilitar la entrega de la cosa", expresó el jerarca.

Fuentes allegadas a Barboni dijeron a El País que el Estado debió entregar la estación y la playa de maniobras de AFE dentro de los 30 días siguientes a la resolución del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno del 19 de noviembre de 2009, por lo cual hace tiempo que cayó en incumplimiento de una sentencia judicial.

Las fuentes cercanas a Barboni indicaron que el empresario seguirá con el juicio por daños y perjuicios contra el Estado uruguayo porque no reclama la entrega de los bienes.

En este momento, la posesión de la ex playa de maniobras de AFE la tiene la firma Saduf.

PLEITO. En diciembre del 2001, Saduf -con la anuencia del BHU- firmó un contrato con Glenby S.A. para otorgarle la concesión de la estación central por 30 años y venderle la playa de maniobras.

Glenby pagó la primera cuota de US$ 250.000 por la adquisición de los terrenos de la ex playa de maniobras. La segunda cuota debía abonarse al año de la entrega de los mismos. Sin embargo, Saduf no pudo cumplir con el contrato y entregar el predio. El Banco Hipotecario le había dado en comodato (préstamo de uso) dichos bienes a AFE hasta tanto se construyera la nueva terminal y un edificio para trasladar sus oficinas.

Saduf pidió y obtuvo de Glenby S.A. sucesivas prórrogas hasta que el 20 de febrero de 2003 cayó en mora por no entregar en fecha los bienes referidos.

A partir de ese momento, Saduf y Glenby S.A. se enredaron en una serie de pleitos y reclamos por las entregas de los bienes, rescisión del contrato y daños y perjuicios, y medidas cautelares de embargos.

Ese camino judicial finalizó con una decisión de la Suprema Corte de Justicia de este año que le dio razón a Barboni basándose en el argumento de que Saduf no podía reclamar una rescisión del contrato porque estaba en mora al no entregar en tiempo y forma la estación central y la ex playa de maniobras de AFE.

NEGOCIO. Los continuos incumplimientos del Estado uruguayo a cargo de Saduf determinan que diez años después de que Barboni haya pagado la primera cuota de US$ 250.000 ahora le permitan reclamar judicialmente una suma multimillonaria.

Un estudio jurídico que defiende al empresario realiza la liquidación de los daños y perjuicios provocados por el incumplimiento de Saduf de entregar la ex playa de maniobras y otorgar la concesión de la estación central por 20 años como lo estableció la Justicia Civil en el 2009.

Según los cálculos de los profesionales que asesoran a Barboni, los daños y perjuicios exigidos rondan los US$ 800 millones.

Argumentaron que en la ex playa de maniobras de AFE Barboni pretendía construir cinco torres de apartamentos, un hotel y una torre de oficinas.

En tanto, había planificado edificar en la estación central un shopping y un centro cultural, agregaron las fuentes cercanas al empresario.

Indicaron que el reclamo al Estado uruguayo se funda en las ganancias que hubiera percibido Barboni por la explotación de los edificios de apartamentos y oficinas, y las utilidades que le hubieran proporcionado el shopping y el centro cultural.

El interminable litigio judicial entre el Estado y el empresario Fernando Barboni, que lleva siete años, es una clara muestra de lo complejo que es realizar juicios civiles contra organismos y dependencias oficiales.

En cualquier juicio importante contra el Estado (donde el monto reclamado sea superior a 6.000 UR) es seguro que habrá instancia de casación ante la Suprema Corte de Justicia, más allá de cuál haya sido el resultado de las dos primeras.

Entre privados, los juicios no llegan a la Corporación si las dos primeras sentencias son confirmatorias de una resolución. Pero desde 2006, por ley, todos los juicios contra el Estado por más de 6.000 UR pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia.

"Eso implica que al proceso se le agrega no menos de nueve meses o un año de trámite, que se suma al tiempo transcurrido en las dos primeras instancias, que puede llegar, según el caso, a cuatro o cinco años", dijo el abogado experto en derecho procesal Gabriel Valentín.

Pero, partiendo de la hipótesis de que quien hizo el reclamo obtuvo una sentencia favorable en la Corporación, ahí se desencadena otro complejo procedimiento para liquidar el monto del pago, que es diferente al mecanismo previsto para litigios entre privados.

El Código General del Proceso (CGP), en una reforma de 2007, estableció que el Estado no puede ser embargado en ningún caso, explicó Valentín, que es docente en las facultades de Derecho de la Universidad de la República y de la Universidad Católica.

A su vez, el CGP también creó en 2007 un mecanismo de liquidaciones mediante el Ministerio de Economía, "cuyo trámite puede demorar meses e incluso años", dijo el abogado.

La ley de Presupuesto del gobierno de Tabaré Vázquez (17.930) en su artículo 224 estableció un nuevo régimen para la toma urgente de posesión de predios por parte del Estado, modificando así el procedimiento legal para las expropiaciones vigente desde 1974. El nuevo mecanismo fue utilizado por el Ministerio de Transporte (bajo la gestión del ministro Víctor Rossi) para expropiar la explaya de maniobras de la estación central General Artigas de AFE.

El predio, que estaba abandonado, fue incorporado por el gobierno a la Administración Nacional de Puertos. Pero, el empresario Fernando Barboni, titular de la fima Glenby S.A., recurrió a la Suprema Corte de Justicia reclamando la inconstitucionalidad del nuevo procedimiento legal creado. En noviembre de 2009, la SCJ rechazó el recurso del empresario al concluir "que no existe vulneración al debido proceso como se plantea por parte de la excepcionante".