Cataratas de objeciones al impuesto a la tierra en el FA

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VALERIA GIL

La posible inconstitucionalidad, la baja recaudación y la poca efectividad para desestimular la concentración, son las dudas que genera en el Frente Amplio el cobro de un impuesto a la tierra. Pese a ello, se acordó que el proyecto se apruebe este año.

La bancada de diputados del Frente Amplio trazó ayer un mapa de las diferencias que surgen dentro de la izquierda en torno al proyecto de ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).

Los sectores que integran el bloque Frente Líber Seregni (FLS) plantearon algunas dudas respecto a la medición de los campos por medio del Índice Coneat, ya que tiene en cuenta solo la producción de carne y lana, pero no las explotaciones agrícolas, forestales y los granos oleaginosos.

Por otra parte, el diputado Javier Doreen Ibarra (Fidel) dijo a El País que planteó durante la reunión que "la recaudación del impuesto no es sustantiva". El legislador advirtió que si bien "el proyecto no significa una desconcentración de la tierra, constituye un inicio para tratar el tema". Esta visión fue compartida por los demás sectores que entienden que en general "la recaudación es baja". El gobierno la estima en US$ 60 millones anuales.

En ese sentido, el diputado Nicolás Pereira (CAP-L) dijo a El País que el tributo "es el punto de arranque", pero habrá que "acompañarlo de otras medidas que contribuyan a generar la desconcentración de la tierra". La misma visión fue expresada por el diputado socialista Yerú Pardiñas.

Por su parte, el diputado Horacio Yanes (Nuevo Espacio) preguntó si los US$ 60 millones que se recauda serán suficientes para cubrir las necesidades existentes en materia de caminería rural. En el mismo sentido cuestionó si este tipo de medidas contribuyen a "desestimular la concentración de la tierra".

Por su parte, el Nuevo Espacio expresó la necesidad de revisar el texto del proyecto, para salvar algunas inconstitucionalidades. En el MPP y Asamblea Uruguay aludieron a la existencia de un estudio realizado por el jurista Leonardo Costa, en el que se asegura que el proyecto es constitucional.

El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) explicó que a diferencia de lo que opinan algunos juristas, entiende que "está claro que la recaudación y el destino" están a cargo de las comunas y no de la DGI, que sólo se ocuparía de la cobranza del impuesto".

Pese a las diferencias internas sobre el texto del proyecto, el FA acordó ayer aprobarlo en la Cámara de Diputados antes de que finalice el año. El MPP y Asamblea Uruguay plantearon que la Mesa Política de la coalición de izquierda discuta "el tema de fondo" sobre la concentración de la tierra, pero no el contenido del proyecto.

"furiosos". El presidente José Mujica dedicó ayer parte de su audición radial en la emisora M24, para opinar sobre el cobro del impuesto al agro y las resistencias que genera.

"Los grandes propietarios se me enojan. Han hecho una fortuna tranquilamente esperando que el valor de la tierra se multiplicara. Y les estamos pidiendo unos pesitos para atender la profunda caminería rural por esta gente, entre otras cosas. Cosas que los va a favorecer a la larga a ellos. Pero se ponen furiosos", sentenció Mujica.

También el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, se refirió ayer a la presión fiscal del sector agropecuario. "Simplemente quiero señalar que si consideramos la presión tributaria sectorial -comercio, industria y agro- y la miramos en términos de recaudación de la DGI, el sector agropecuario está por debajo del resto de los sectores", aseguró. Además, explicó que si se considera la presión tributaria incluyendo la contribución inmobiliaria, el sector está alineado con el resto y contribuye en el orden del 6,6% al 6,8% respecto al PIB sectorial.