Los senadores del Partido Nacional presentaron un proyecto de ley para reparar patrimonialmente a los familiares de los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía y los civiles que resultaron víctimas de la guerrilla entre los años 1962 y 1976.
El contenido del proyecto es el mismo que el ex presidente Tabaré Vázquez presentara en marzo de 2007, recogiendo una iniciativa de la Asociación de Familiares de esas víctimas.
En rueda de prensa, el senador Luis Alberto Lacalle consideró que esa solución promovida inicialmente por Vázquez "es justa" pero lamentó que la reparación no se haya podido concretar por falta de apoyo político.
Se trata de unos 60 casos, sostuvo el exmandatario.
Lacalle informó acompañado por los senadores Luis A. Heber y Francisco Gallinal.
La ley 18.596 dispuso una reparación económica para los familiares de las víctimas de la represión de Estado entre los años 1968 y 1985.
Por eso, ahora se promueve esta iniciativa que "equipara la situación", dijo Lacalle. "Esto es justicia para ambas partes. Si hay muertos valen lo mismo de un lado que del otro", dijo el ex presidente.
El proyecto, que había sido impulsado tiempo atrás por el ex diputado Daniel García Pintos, del Partido Colorado, señalaba que las familias de 66 uruguayos muertos a manos de los tupamaros entre 1962 y 1976 podrían recibir reparaciones de hasta 150.000 dólares.
Lacalle consideró que "se han aprobado varias leyes de resarcimiento, de reparación a víctimas del terrorismo de Estado, que le cuestan al país mucho dinero y que consideramos muy justas". Y a continuación recordó que "el proyecto de resarcimiento de las otras víctimas, que son tan víctimas como cualquier otra, no ha sido rechazado por el Parlamento", sino que el problema es que nunca fue puesto a consideración de las Cámaras.
Frente Amplio. Mientras, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) entregó al Frente Amplio una propuesta para que se presente al Parlamento un proyecto de ley que elimine los plazos de prescripción para los delitos de lesa humanidad. El planteo fue recibido por la Comisión de Caducidad y no cuenta aún con el apoyo que requiere para su aprobación.
Los comunistas son partidarios de que se realice una declaración política de toda la coalición de izquierda "que establezca que todos los delitos cometidos por los agentes del terrorismo de Estado (tortura, desapariciones políticas y asesinatos políticos) son delitos de lesa humanidad".
Dentro de la misma declaración, el Partido Comunista busca que se reconozca por parte del FA que "compartiendo íntegramente la declaración de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de fecha 10 de agosto, se descarte el perdón como solución a las consecuencias del terrorismo de Estado".
Por otra parte, se propone la presentación de otro proyecto de ley al Parlamento para que "repare sin exclusiones a las víctimas del terrorismo de Estado sobre la base del proyecto elaborado por el colectivo de ex presos políticos Crysol".
En ese sentido, se agrega la necesidad de hacer efectiva la búsqueda de los desaparecidos. Para ello, el FA debería presentar al Parlamento un proyecto de ley para la formación de un equipo de expertos (nacional o extranjero), al que se le brindará apoyo político y económico para emprender la búsqueda.