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P. MELÉNDREZ / E. BARRENECHE

Por primera vez, la Justicia enjuició a tres jóvenes por tentativa de hurto, en base a lo que establece una ley aprobada a principios de julio con el apoyo de todos los partidos. Sin embargo, la norma establece que por ese ilícito no pueden ser recluidos.

La explicación que dieron los tres adolescentes (de 13, 14 y 15 años) fue muy sencilla: intentaron hurtarle la cartera a una mujer que caminaba por la Ciudad Vieja con el objetivo de pagar las entradas para ingresar a un boliche ubicado en esa zona de Montevideo.

Los gritos de la mujer que sufrió el arrebato alertaron a un móvil policial que patrullaba la zona, por lo que los menores fueron detenidos minutos después a pocas cuadras. La víctima recuperó su cartera con todas sus pertenencias.

El hecho tuvo lugar en la tarde del viernes 26. La Policía dio cuenta de lo ocurrido a la jueza de menores que ese día estaba de turno, María Teresa Larrosa, quien resolvió que al día siguiente los jóvenes fueran conducidos a declarar.

La magistrada decidió actuar en virtud de que desde el pasado 21 de agosto está vigente una ley aprobada el 6 de julio que introdujo una modificación al Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) -vigente desde 2004- por la cual se castiga "la tentativa y complicidad en el delito de hurto".

Sin embargo, la nueva legislación aclara que en esos casos corresponde "la aplicación de medidas socioeducativas no privativas de libertad", por lo que ningún juez podrá internar en el INAU a un joven por una tentativa de hurto.

CON LOS PADRES. La jueza Larrosa, a pedido del fiscal Gilberto Rodríguez, enjuició a los tres adolescentes, quienes más allá de haber sido sometidos a un proceso judicial, fueron entregados a custodia de sus padres sin ninguna medida cautelar privativa de libertad.

Cuando la jueza dicte su sentencia contra los jóvenes (en un máximo de 60 días) seguramente les impondrá la obligación de realizar tareas comunitarias o los amonestará, dijo a El País el defensor de oficio de menores Daniel Sayagués Laso, quien ejerció la defensa de los adolescentes.

Para el abogado, el cambio introducido al CNA "hace que deje de existir la franja de impunidad que existía en relación a las tentativas de hurto, que no se podían castigar".

Hasta antes de la vigencia de la nueva ley (18.777) si la Policía detenía a un menor en un intento de hurto que finalmente no se consumó, el juez estaba obligado a dejarlo en libertad sin ni siquiera tomarle declaración en la sede judicial.

El CNA, que promueve que la internación de los jóvenes sea la última opción a evaluar por los jueces, ya castiga las rapiñas y homicidios en grado de tentativa, que se consideran infracciones "gravísimas".

Sayagués Laso señaló que es necesario que el sistema judicial y policial se hagan del "hábito" de penalizar las tentativas de hurto, por lo que estimó que los resultados concretos se verán en algunos meses.

Agregó que si bien no se podrá disponer la internación de un menor por las tentativas de hurto que cometa, esos hechos sí podrán computarse como antecedentes ante otro delito consumado.

COLAPSO. El fiscal de menores Gustavo Zubía dijo que se deben penalizar los hurtos en grado de tentativa, pero alertó que el cambio legislativo "conllevará como impacto la existencia de más memorándum policiales y más procesamientos, pero con los mismos juzgados".

Por eso, como el sistema va tener más expedientes, se corre el riesgo de generar un "colapso" que "entorpezca" la labor de los juzgados, dijo Zubía.

En diálogo con El País, el fiscal lamentó que la ley establezca que por tentativa de hurto los menores no puedan ser enviados al INAU y señaló que, a su juicio, hubiera sido más adecuado que la norma recomendara la adopción de medidas no privativas de libertad pero sin prohibir la internación.

Por otro lado, Zubía planteó que ante algunas causas sencillas de hurto y tentativa de hurto, sería bueno que el caso se resuelva en una sola audiencia, sin necesidad de una nueva convocatoria a las partes para el dictado de la sentencia.

"Es ridícula la repetición de una audiencia cuando la prueba está recogida, el menor confesó y el abogado dice que no hay más elementos para agregar a la causa", dijo Zubía.

Por su parte, el juez de menores Gerardo Peduzzi vaticinó a El País que si bien a partir de ahora con las tentativas de hurto "habrá un poco más de trabajo" en los juzgados, "tampoco será tanto" como para alterar el funcionamiento de las sedes.

Peduzzi indicó que los juzgados tratan en su inmensa mayoría rapiñas y tentativas de rapiñas, que sí son penadas por el CNA. "Los hurtos de por sí no son tantos y sus tentativas solo son algunas", comentó.

ANTECEDENTES. Además de la ley que penaliza las tentativas de hurto, también entró en vigencia otra norma que regula el registro de antecedentes de los menores infractores para delitos considerados "gravísimos" (homicidio, violación, rapiña, secuestro y copamiento).

En esos casos, el juez de menores podrá, como "pena accesoria", disponer que al menor se le mantenga el antecedente por hasta dos años luego de que cumpla la mayoría de edad.

Hasta el momento, solo la jueza Aída Vera Barreto notificó al Instituto Técnico Forense (ITF) cuatro resoluciones de procesamiento de jóvenes.

El diputado Walter Verri de Vamos Uruguay, integrante de la Comisión Nacional de Recolección de Firmas por la Seguridad, indicó ayer que "ya se recogieron 228 mil apoyos y estamos muy cerca de la meta".

La Constitución de la República establece que la convocatoria de un plebiscito precisa el respaldo del 10% (256.000) de los habilitados para sufragar. "Pensamos superar esa cifra porque siempre hay un descarte por parte de la Corte Electoral", explicó.

Esta reforma constitucional, que es apoyada por Unidad Nacional (UNA) y Vamos Uruguay, procura habilitar un plebiscito en las elecciones de 2014 para bajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad fijada en el Código Penal. Además, ambos sectores promueven la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y mantener los antecedentes de los menores infractores después de los 18 años.

Según el legislador de Vamos Uruguay, no se pretende dilatar la campaña de recolección de firmas para que "no se crea (por parte del oficialismo) que ésta tiene el fin político de desgastar al gobierno. Además, la ciudadanía desea soluciones ahora para la inseguridad y tal vez el peso de la firmas lleve al gobierno a brindarlas".

El Frente Amplio, el Partido Independiente y el grupo del senador blanco Jorge Larrañaga se oponen a esta reforma constitucional por entender que ya se aplican algunas de las soluciones que propone para mejorar la seguridad y consideran que el problema no puede esperar una solución para dentro de tres años.

El decano de los defensores de oficio de Rivera, Carlos María Barboz,a firmó una de las papeletas que propician la reducción de la edad de imputabilidad.

Barboza, militante del Partido Nacional y defensor de oficio durante 30 años, considera que este tema debe resolverse por ley en lugar de incorporarlo a la Constitución como pretenden los promotores de la recolección de firmas. No obstante ello, adhirió a la campaña porque comparte el fondo de la iniciativa.