Proponen control sobre las paraestatales

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Un proyecto de ley destinado a colocar bajo la supervisión de los organismos de contralor del Estado a las empresas públicas no estatales y las sociedades anónimas en las que participa el Estado, que actualmente manejan cientos de millones de dólares de fondos públicos al año sin intervención, fue presentado por el sector Alianza Nacional.

"El Parlamento está pintado al óleo", dijo en forma elocuente el senador Jorge Larrañaga, líder de ese sector, cuando presentó la iniciativa en compañía del diputado Jorge Gandini, uno de los legisladores que participó de la elaboración de este texto.

Según ambos, este proyecto de ley busca dar "transparencia" a un sistema que hoy funciona por fuera de los controles legislativos, del Tribunal de Cuentas (TCR) y de la Auditoría Interna de la Nación (AIN).

Estas empresas "huyen del derecho administrativo", dijo Larrañaga, que explicó que el proyecto de ley "busca poner orden en un Estado donde cada vez hay más empresas de este tipo".

En toda la administración hoy hay 36 personas públicas no estatales y 45 sociedades anónimas cuya propiedad es total o parcial de entidades estatales, según un informe que publicara El País el lunes 15.

La formación de ambas categorías se incrementó "explosivamente", según los expertos, desde que asumió el Frente Amplio el gobierno, en el año 2005.

En la práctica estas empresas sirven para llevar adelante algunas tareas sin pasar por la pesada burocracia estatal.

"Se ha dicho que hay un Estado paralelo más ágil, pero a costa de las garantías y la transparencia", advirtió Gandini.

Para Gandini es necesario que los funcionarios que trabajan en estas empresas en cargos relevantes estén obligados a hacer la declaración jurada ante la Junta Anticorrupción.

El legislador sostuvo que actualmente hay cerca de 60 sociedades anónimas que pertenecen a empresas del Estado y a personas de derecho público no estatal, y también hay una tercera generación de sociedades anónimas que son propiedad de aquellas sociedades mencionadas.

"No hay controles, no sabemos cómo contratan, no sabemos quiénes son sus funcionarios. Estos no tienen ningún tipo de inhibición, por lo cual pueden ser funcionarios de los entes y a la vez empleados privados de estas sociedades", dijo Gandini al presentar el contenido de la iniciativa.