Oposición pide definir megaminería antes de pronunciarse sobre Aratirí

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FEDERICO CASTILLO

Blancos y colorados reclamaron al gobierno que defina las características e impacto de la megaminería antes de trazar una política de Estado. También exigieron aplazar la aprobación del código minero. Mujica quiere "asociarse" con privados.

Mientras el presidente José Mujica explicitó su interés en que los proyectos mineros se concreten con la participación conjunta de públicos y privados, en la segunda reunión de la comisión multipartidaria que trata sobre la minería, la oposición planteó que primero se discuta qué se entiende por megaminería y cuáles serán sus impactos (de inversión, ambientales, de áreas afectadas) antes de expedirse a favor o en contra del emprendimiento de Aratirí.

En su habitual audición radial de los jueves, Mujica se volcó decididamente a favor de la explotación minera y dio su punto de vista sobre el tema.

Dijo que los "eventuales fondos de la minería en Uruguay" deberían ser "medios que empujen al país a un nuevo circuito de industrialización acorde con nuestra etapa histórica" y que eso "debería darse en una asociación de lo público y lo privado. En donde lo privado debería servir como una tendencia que controle el burocratismo que suele estar en el Estado". El diputado colorado Walter Verry, delegado en la comisión multipartidaria, dijo que con sus declaraciones Mujica le "erra al centro del tema".

"Lo que hay que discutir primero es si queremos megaminería, qué tipo de minería, y si es así en qué condiciones para proteger al ambiente", dijo y resumió: "Primero debemos preservar el país natural y el medio ambiente y después ver cómo participamos en el negocio".

En la misma línea se pronunció el diputado blanco Álvaro Delgado (Aire Fresco), que reclamó al gobierno que defina de una vez "cuál es la minería de gran porte que se quiere instalar en el país".

En tanto, para el diputado blanco José Carlos Cardoso (UNA) se debe discutir qué tipo de asociación conviene en un proyecto minero.

"Efectivamente el Estado debe ser socio, pero de la riqueza, del hierro que se extraiga. No necesariamente de su explotación, que está bien que esté en manos de empresas privadas", señaló y destacó que el Estado no debe dejar de ser "vigilante" y "policía ambiental" de la empresa minera.

Planteos. En la reunión de ayer, el gobierno, a través del ministro de Industria, Roberto Kreimerman, hizo un repaso histórico de la minería en Uruguay y presentó un plano con la situación actual. Hay tres millones de hectáreas que están en solicitud de prospección y unas 25.000 de esas están siendo explotadas.

Además de la definición de megaminería, los delegados del Partido Nacional reclamaron que se posponga la aprobación del Código de Minería que está actualmente en la Comisión de Industrias de Diputados.

"Una vez que definamos qué es minería de gran porte, seguramente tenga una legislación específica y sería lógico no estar cambiando el Código de Minería a cada rato", argumentó Delgado.

El lunes 29 habrá un nuevo encuentro multipartidario donde se hablará de los efectos sociales y medioambientales de los proyectos mineros a gran escala.

Los productores de la zona cercana a Aratirí que están en contra del proyecto minero, conformaron una "Mesa Representativa de Productores y Vecinos de la Ruta 7" que se declaró en "estado de alerta en defensa de los recursos naturales". La nueva agrupación, creada el pasado domingo 14, tiene representantes del pueblo Valentines, Cerro Chato, Santa Clara, Tupambaé, Arévalo y El Rosario.

En su plataforma recuerda que en los últimos seis meses se han solicitado un millón de hectáreas para minería. Los vecinos y productores informaron que se está definiendo un cronograma de movilizaciones y entrevistas con distintos actores políticos para abordar esta situación. En tanto, una asamblea de trabajadores de Aratirí sesionó ayer en Cerro Chato y resolvieron continuar movilizados y hacer "volanteadas" en la ruta 7 para advertir sobre el impacto que tendrá para los funcionarios el posible alejamiento de la minera. El sindicato de Aratirí "no permitirá ni un envío al seguro de paro", dijo su presidente Francisco Da Silva.