Gobierno y sindicatos vuelven a mostrar desacuerdo por PPP

El Subsecretario de Economía y Finanzas, Luis Porto, el catedrático de Derecho Administrativo, Carlos Delpiazzo, y el coordinador de la Mesa del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Juan Castillo, debatieron hoy los pro y contra de la ley aprobada en julio por el Parlamento.

El pasado mes de julio el Parlamento aprobó la ley de Participación Público Privada, que comprende un amplio elenco de formas contractuales a través de las cuales se podrá relacionar el Estado y el sector privado, con el objeto de desarrollar y operar infraestructuras públicas.

En el día de hoy durante el evento titulado "Alcances de la ley de Participación Público Privada", que ACDE organizó en el auditorio del World Trade Center, el Subsecretario de Economía y Finanzas, Luis Porto -titular de la Corporación Nacional para el Desarrollo cuando se impulsó la ley de Participación Público Privada (PPP)-, dijo que "esta norma es un cambio en las reglas de juego, pero lejos de ser una privatización, aumenta el patrimonio del Estado, porque a la larga la obra quedará en manos del mismo".

Porto indicó que la nueva ley se creó porque "Uruguay está creciendo a tasas chinas (…) y la infraestructura no lo está acompañado". En tal sentido, el subsecretario señaló que si se requiere infraestructura, "es necesario que los privados participen en la inversión" puesto que "hay que ser prolijo con las cuentas públicas, para no generar desequilibrios en las finanzas de dicho sector".

Porto destacó como el elemento más importante de la nueva ley "la posibilidad de transferir riesgos". El jerarca explicó que existen "innumerables riesgos" al transferir del sector público al privado, basados, en su mayoría, en la equidad intergeneracional.

"Si el Estado habilita una vía de ferrocarril que estará en funcionamiento por 50 años, la misma será usada por todas las generaciones futuras, pero quien pagará por ella será la generación de hoy", manifestó.

"Lo que hay que hacer es que se transfieran los riesgos a todas las generaciones que la usarán en el futuro. No podemos ser irresponsables con las generaciones futuras gastando más de lo que podemos, ni podemos ser irresponsables con esta generación, la de hoy, cuando serán las futuras las que utilizarán esta infraestructura", dijo.

El subsecretario también sostuvo que la nueva ley obliga al Estado a ser más "responsable" ante nuevos proyectos y por ende, brindar una mayor transparencia ante los mismos.

"En el pasado, si el Estado decidía hacer un puerto, no estaba obligado a estudiarlo previamente. En este nuevo marco, es obligación realizar estudios que aseguren el beneficio y que afirmen, además, que es mejor hacerlo por un privado que por el sector público".

Por su parte, el abogado y catedrático de Derecho Administrativo, Carlos Delpiazzo, conforme a la opinión de Porto, señaló que "la participación público privada no es privatización sino que es lo contrario a privatizar".

En cambio, Juan Castillo, coordinador de la Mesa del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, indicó que en el movimiento sindical no hay una única postura sobre las PPP. "Hay gremios que se oponen y otros que apoyan la ley", dijo.

Castillo indicó que "tras haber luchado tanto para mantener en manos del Estado a las empresas públicas, la gremial desconfía de cualquier cambio, y esta ley es un cambio que se asemeja bastante a una privatización".

Asimismo, Castillo señaló "la falla política" de no "involucrar a la sociedad en los proyectos de gran envergadura". "Respecto a la mayoría de los grandes cambios, nosotros nos enteramos por la prensa. El militante sindical es desconfiado y conservador. El gobierno debería confiar más en las organizaciones sociales e involucrarnos en el cambio. Queremos participar en la elaboración, y no discutir sobre lo que ya está hecho", finalizó.