Justicia prohibió recluir a menores en módulos

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EDUARDO DELGADO Y VALERIA GIL

La Justicia prohibió definitivamente al INAU el uso de módulos de acero para internar menores. El vicepresidente Danilo Astori informó que un grupo de 40 infractores será trasladado a establecimientos militares.

El INAU analiza instalar construcciones prefabricadas con capacidad para unas 100 plazas en Montevideo o el área metropolitana, como alternativa a la prohibición judicial que ratificó el fallo original de la jueza de Familia Estrella Pérez Azziz, pero ese plan se enfrenta a la urgencia de encontrar soluciones al creciente hacinamiento que experimentan los hogares de menores con medidas privativas de libertad.

Luego de que se divulgara ayer el fallo de segunda instancia, el vicepresidente Astori informó a la bancada de Senadores del Frente Amplio que se trasladarán a 40 menores infractores a dos cuarteles en los próximos días. Los módulos estaban pensados para alojar a unos 80 infractores.

Una parte de los menores será enviada a la Escuela de Especialidades de la Armada ubicada en Punta Espinillo y la otra al Batallón de Ingenieros del Ejército.

La medida fue anunciada por el Ministerio del Interior en la reunión del Gabinete de Seguridad, que se realizó ayer en la Torre Ejecutiva, dijeron a El País fuentes legislativas.

Según se explicó a los legisladores oficialistas, "hay que descongestionar el INAU porque existe un aumento de los jóvenes presos, porque el porcentaje de detenidos y procesados aumentó y además disminuyeron las fugas de menores". Esto se convierte "en una situación explosiva que obliga a tomar medidas de urgencia como es el traslado de estos menores", confió a El País un participante del encuentro con el vicepresidente.

En cuanto al fallo judicial, la sentencia del tribunal de Familia de segundo turno expresó que "después de un profundo debate en el acuerdo, la unanimidad del Tribunal ha concluido que constituye en sí un acto manifiesto ilegítimo la puesta en funciones de un Establecimiento Modular".

"No es concebible que un adolescente permanezca en ese ámbito por 22 horas por día, lo que surge de las afirmaciones de las autoridades y de los adolescentes que se encontraban dentro del módulo. Ello es así aunque quienes estaban en el módulo no hayan manifestado quejas", indica el texto.

El fallo ratificó lo resuelto por la jueza Pérez Azziz, quien hizo lugar a un recurso de amparo iniciado por el fiscal civil Enrique Viana.

Los módulos metálicos estaban instalados en un predio lindero al Centro de Medidas Cautelares para la internación de adolescentes infractores.

"DEGRADANTE". La sentencia señala que "no se aprecia que las exigencias sanitarias estén satisfactoriamente cumplidas". Añade que de la apelación "resulta la admisión de una situación de ilegitimidad manifiesta", y que "no puede dudarse que el INAU carece de una infraestructura adecuada para albergar internos, siendo notorios los problemas de superpoblación y consecuente hacinamiento permanente".

El fallo sostiene que "estas condiciones de detención, infrahumanas y degradantes (...) responden a décadas de indiferencia y de inacción por parte de la sociedad y el Estado", e "implican una transgresión diaria de la Constitución".

Inspección. Los ministros del Tribunal realizaron una inspección ocular para conocer cómo se está utilizando un módulo metálico en el Centro de Ingreso Transitorio.

Allí "se verificó que el módulo tiene dos sectores uno con seis cuchetas y otro con cuatro. Son todos metálicos, de color de la chapa, tiene cada sector un lavatorio y una taza para realizar necesidades fisiológicas, integrado al ambiente, sin ninguna separación del resto: quien hace sus necesidades lo hace a la vista de sus compañeros de alojamiento", dice el fallo.

"Las cisternas se activan mediante un cordón desde el interior del módulo, pero los dos estaban rotos. En consecuencia la forma de evacuar la taza es mediante un balde con agua", indica.

El director del INAU, Jorge Ferrando, dijo que tras la sentencia, el organismo no insistirá en el tema de los módulos y que trabajará en otras opciones, "mas allá que esto nos venía muy bien para atender la emergencia".

Comunicó a El País que se trabaja en conseguir dos lugares: uno para respuesta de corto plazo, recurriendo a construcción prefabricada que en dos o tres meses permita tener entre 80 y 100 lugares, y otro para un centro de 300 plazas que debería estar pronto a fines de 2012.

Ferrando señaló que los módulos hoy son usados para viviendas, laboratorios y por el Ministerio del Interior".

El defensor de oficio Guillermo Payssé fue designado como veedor por el juzgado de Familia de 16° Turno, para cumplir con una sentencia de 2008 que obliga al INAU a mejorar las condiciones de internación en los hogares Ser y Piedras de la Colonia Berro.

El fallo judicial de 2008 le impone al INAU una serie de medidas respecto de los hogares Ser y Piedras, entre ellas reducir significativamente las 23 horas de encierro en celdas a las que se sometía a los menores y establecer mecanismos alternativos de reeducación para los menores internados en esos hogares.

También, reducir el suministro de psicofarmácos, dictar un reglamento de convivencia interna y habilitar un sistema independiente de monitoreo para velar por las condiciones de los centros de reclusión.

El INAU recurrió la medida de designar un veedor, pero un tribunal de apelaciones rechazó el planteo del instituto. El fiscal Viana -quien inició un recurso de amparo que generó la decisión judicial de ordenar mejoras en los hogares Ser y Piedras- propuso al padre Mateo Méndez como veedor, quien prefirió no aceptar el puesto.

Posteriormente, el juzgado de Familia de 16° Turno le solicitó al director de Defensoría que propusiera una persona de veedora y el elegido fue Payssé.

El abogado es defensor de oficio y tiene una extensa trayectoria en ONG de defensa de derechos humanos, en especial Serpaj.