Votan el Plan Juntos pero alertan que no tiene control estatal

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DANIEL ISGLEAS

La oposición acompañó la creación del Plan Juntos, votado en el Senado, pero advirtió que un manejo no controlado de los millones de dólares que administrará es una "tentación" a caer en situaciones de "corrupción".

El plan, una iniciativa del mandatario José Mujica destinada a fomentar la integración socio-habitacional de las familias con necesidad de vivienda, será implementado por un nuevo organismo desconcentrado que dependerá de la Presidencia de la República. En el proyecto se establece que este organismo se nutrirá con recursos presupuestales y extrapresupuestales que serán administrados por un fondo que controlarán los miembros de la unidad ejecutora a cargo del plan.

Asimismo, la iniciativa del gobierno incorpora una disposición por la cual no estarán regidos por las normas del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) tanto la adquisición de bienes como la contratación de personas.

Estos dos elementos contenidos en la iniciativa provocaron la airada reacción de los partidos de la oposición, a un punto tal que fue el elemento central del debate de ayer en el Senado.

Tras un informe presentando las características del proyecto de ley a cargo de la senadora oficialista Lucía Topolansky (MPP), blancos y colorados anunciaron que apoyarían la iniciativa en general pero en forma crítica.

El ex ministro de Vivienda y senador de Unidad Nacional (UNA), Juan Chiruchi, señaló que esta es una nueva herramienta que se le dará al gobierno para atender a las clases más necesitadas, sin dejar de recordar que hay un déficit habitacional cercano a las 100.000 viviendas en el país, a pesar de la masa de recursos que se ha volcado al sector desde que gobierna el Frente Amplio.

"Jamás se contó con tantos recursos para construir viviendas sociales, y jamás se construyó tan poco", afirmó el senador nacionalista.

SIN CONTROL. Chiruchi afirmó que el Partido Nacional objeta que el plan sea dirigido por un organismo desconcentrado y que debiera depender del Ministerio de Vivienda para "coordinar y controlar" los plazos y metas de ejecución.

"Esto traerá la contratación de más funcionarios y no habrá un responsable político sobre la gestión", sostuvo Chiruchi. También reprobó que la ley incluya una nueva excepción para el llamado a licitación pública dispuesto por el Tocaf en el caso de la compra de bienes o el contrato de servicios. "Esta unidad va a manejar millones de dólares sin control parlamentario ni del propio Estado", destacó.

Chiruchi recordó que hay varias situaciones de la misma naturaleza dentro de los organismos estatales, lo cual sostuvo que puede llegar a ameritar casos de "corrupción".

Luego, el senador colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) anunció que su fuerza política votaría en general pero rechazaría varios artículos del proyecto.

También rechazó la naturaleza jurídica del Plan Juntos "porque escapa a disposiciones del contralor parlamentario" al depender de la Presidencia de la República.

"No seguir los procedimientos del Tocaf no es bueno porque es una tentación a actuar mal. Esto es una realidad", subrayó Bordaberry.

Y añadió que la creación de una unidad de auditoría interna "no soluciona el problema" porque la misma "depende directamente, jerárquicamente de la comisión directiva del Plan Juntos".

También la situación movió a preocupación al senador Luis Alberto Lacalle (UNA) quien advirtió a la bancada de gobierno que "hay una deriva hacia fuera del control parlamentario" en varias de las iniciativas y organismos que se crean, lo cual hace que "el gobierno esté desarticulando el sistema de garantías de la nación".

Lacalle fue más allá cuando preguntó al gobierno "¿por qué se destruye el Tocaf?".

El plenario de Diputados aprobó ayer por unanimidad (63 en 63) el proyecto de acceso a la vivienda de interés social. Se trata de una iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo que incluye una serie de exoneraciones impositivas para facilitar la inversión privada en la construcción de viviendas económicas. Diputados trató el tema con carácter grave y urgente. La Cámara Baja remitió el proyecto al Senado para su aprobación definitiva.