Diario Oficial

Aunque es buena idea abreviar el trámite de las licitaciones sin por ello rebajar las garantías del procedimiento para las compras estatales, eliminar el requisito de las publicaciones correspondientes en el Diario Oficial y en otros medios de prensa parece un exceso. Así lo proyecta un artículo de la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento en donde se propone difundir los datos exclusivamente a través de una página web.

La iniciativa incluida en el nuevo sistema de compras estatales no fue bien recibida por legisladores de todas las bancadas, incluida la oficialista, pues se considera que la divulgación "en formato papel" otorga fijeza y confiabilidad, lo cual puede respaldarse con los datos suministrados por la página web tal como se hace actualmente en los países más desarrollados.

La iniciativa también puso en alerta a las autoridades de la Dirección de Impresiones y Publicaciones Oficiales (Impo), una persona de derecho público no estatal encargada de editar el Diario Oficial. De aplicarse esa norma, según estimaron, dejarían de percibirse como mínimo unos 100.000 dólares anuales lo que debilitaría la salud económica de una institución que, de acuerdo a la ley, está obligada a autofinanciarse.

Hay que señalar además que el Diario Oficial se edita en general con corrección y puntualidad, algo que viene ocurriendo desde comienzos de la década del 90 cuando el gobierno del Partido Nacional sacó a Impo de la órbita del Estado y clausuró la deficitaria Imprenta Nacional. Terminaron entonces los endémicos atrasos en la publicación del Registro de Leyes y del propio Diario Oficial cuya participación en los procesos licitatorios sigue siendo una garantía.