El gobierno explicó a los partidos de la oposición que el proyecto de explotación minera Aratirí, a cargo de la empresa india Zamin-Ferrous, se regirá por las normas del tratado de protección de inversiones suscrito por Uruguay con Gran Bretaña. Esto es así porque a pesar de que el presidente de Aratirí es de nacionalidad india, la sede física del conglomerado empresarial está en Jersey, Inglaterra.

Los ministros Roberto Kreimerman (Industria), Luis Almagro (Relaciones Exteriores) y Fernando Lorenzo (Economía), comparecieron ante la comisión de Asuntos Internacionales del Senado a pedido de legisladores del Partido Nacional, quienes la semana pasada trabaron la sanción de un tratado de protección de inversiones entre Uruguay e India por sus dudas sobre una cláusula del documento en la cual se establecía que la vigencia del tratado impediría una eventual nacionalización del recurso minero del país.

Almagro y Kreimerman, fundamentalmente, aclararon que el artículo 5° del tratado con India, donde se habla sobre la expropiación para una explotación, es un procedimiento que en caso de no estar en el acuerdo igual se aplicaría por acción del derecho internacional consuetudinario y que además está contemplado en la Constitución.

Almagro indicó que como la empresa tiene base en Jersey, la inversión de Aratirí "estaría comprendida en el tratado de protección de inversiones con el Reino Unido, de 1991, ratificado por el Parlamento en 1997".

"Ninguno de los interesados en la explotación del proyecto minero pidió la aprobación de este tratado" con India, dijo además el canciller.

El diputado nacionalista José Carlos Cardoso, uno de los legisladores que solici- tó las explicaciones al Po- der Ejecutivo, consideró que el canciller "confirmó que estos tratados no impiden en nada un proceso de nacionalización para recupe-rar nuestros recursos naturales".

Esta mañana, el Senado votará, factiblemente por unanimidad, la ratificación parlamentaria del tratado de protección de inversiones con India, que ahora quedó aclarado que no tendrá ninguna incidencia en la explotación minera que se haga en Uruguay a partir de los yacimientos de hierro.