FEDERICO CASTILLO
El sindicato de funcionarios de Ancap busca promover un referéndum para derogar la ley de Participación Público Privada. Los impulsores pretenden la adhesión de otros gremios y plantearon la idea a la Mesa de Entes, que se deberá expedir.
Federación Ancap (Fancap) está decidido a jugar fuerte en contra de la flamante ley de Participación Público Privada (PPP).
Ayer realizó un paro de 24 horas para expresar su rechazo a la norma y ahora pretende impulsar la recolección de firmas para habilitar un referéndum que derogue la ley.
La idea fue discutida y aprobada en el seno del sindicato de Ancap y luego trasladada a la Mesa Sindical Coordinadora de Entes. El presidente de Fancap, Artigas González, explicó a El País que buscan el apoyo de los otros gremios estatales. "Solos no podemos llevar adelante esta campaña", reconoció.
Gabriel Portillo, uno de los tres coordinadores de la Mesa de Entes, confirmó que ya les llegó el planteo de los trabajadores de Ancap, pero aclaró que todavía no ha sido tratado.
"La semana que viene vamos a analizarlo", aseguró y señaló que al momento, en la interna, no hay ninguna posición tomada al respecto. Dijo que la iniciativa "se va a debatir" con el resto de los gremios que conforman la Mesa de Entes.
Como en 1992. En el año 1992, durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle, el gremio de Antel (Sutel) -con el apoyo del Pit-Cnt, el Frente Amplio y el Foro Batllista- fue el que impulsó un referéndum en rechazo de cinco artículos de la Ley de Empresas Públicas. La norma suprimía algunos monopolios estatales (como los seguros y la fabricación de alcoholes) y autorizaba a organismos públicos a asociarse con privados. En el caso de Antel la ley le quitaba el monopolio de la telefonía básica.
La consulta popular determinó en ese entonces la derogación de cinco artículos de la norma y quedó sin efecto la posibilidad de asociar a empresas públicas con privadas. Fue holgada la diferencia a favor de los contrarios a la ley.
En el año 2003, durante la presidencia de Jorge Batlle, el gremio de Ancap también impulsó un referéndum y logró dejar atrás una ley que derogaba el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo, y el de exportación de derivados de petróleo.
rechazo. La Mesa de Entes ya se había expresado en contra de la ley de PPP. El mes pasado los sindicatos estatales acusaron al gobierno del Frente Amplio de haber caído en una "contradicción" imperdonable, al promover una norma vista como "privatizadora" y emparentada a políticas neoliberales, tan fustigadas por el Pit-Cnt en la década de los años 90.
El rechazo a la ley de PPP motivó incluso un comunicado de la Mesa de Entes. En la nota los gremios remarcaron que la discusión de la alianza con privados no puede implicar que el Estado pierda "la iniciativa en los ámbitos de desarrollo", "la conducción estratégica" y "la gestión de las áreas de desarrollo del país".
"La ley no es la herramienta idónea para la concreción de los cometidos estratégicos" planteados, expresó la Mesa de Entes. Los trabajadores cuestionan que los cambios introducidos "siguen siendo insuficientes, encierran una reforma del Estado sin la debida discusión" y que sus aportes "no fueron tomados en cuenta".
Con este telón de fondo, los gremios estatales impulsaron en julio un paro general parcial en rechazo a la ley de PPP, sin embargo la iniciativa no prosperó y la Mesa Representativa del Pit-Cnt terminó por abortarlo. Distintas posturas sobre el tema en la interna sindical llevaron al fracaso del paro, lo que generó la molestia de los sindicatos públicos. El desenlace significó un triunfo para los cuadros sindicales más afines al gobierno.
Ahora el Pit-Cnt aprobó un paro para el martes 16 y según el coordinador Juan Castillo dentro de la amplia agenda de reclamos y reivindicaciones se podría incluir el rechazo a la PPP, ya que uno de los puntos de la plataforma señala la postura contraria a la privatización en todas sus formas.
Tan solo un día después de aprobada la ley de PPP, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) ya habilitó llamados para interesados en participar de obras de infraestructura en rutas nacionales y cárceles.