Misa capitalista y socialismo

SERGIO ABREU

El Poder Ejecutivo impulsó un proyecto de ley sobre Contratos de Participación Público-Privada. Su discusión dio lugar a una fractura en el Frente Amplio, proveniente de la discrepancia del Partido Comunista y a un posicionamiento muy fuerte del Pit-Cnt contra el proyecto y su contenido. Por otro lado, el Partido Nacional acompañó esta norma en el entendido de que el sector privado es el motor del crecimiento y que las inversiones, en particular extranjeras, crean un dinamismo en la economía que permite la posibilidad de distribuir riqueza en todos los estratos de la sociedad.

Este razonamiento tan simple le ha llevado al FA, desde su fundación, un largo proceso de aceptación de la realidad, sobre todo en momentos que tiene la responsabilidad de gobernar y en que el Estado no sólo no lo puede hacer todo, sino que sigue siendo -en su tamaño- un obstáculo permanente para fomentar la libre iniciativa y la competencia.

El Poder Ejecutivo ha insistido en que las obras de infraestructura portuaria, ferroviaria, de transporte terrestre y en variadas áreas de la economía nacional, necesitan de la inversión privada para poder concretarse. Y ello, por dos motivos. En primer lugar, porque los recursos del Estado son limitados; y si hablamos, por ejemplo, de transporte por carretera, el sector público dispone solamente de 600 millones de dólares, y debe sumar mil millones de dólares más para mantener y reparar la red existente. Y en segundo lugar, porque aún disponiendo de cuantiosos recursos, el gasto público ha aumentado en forma casi paralela al aumento del PBI, que puede calcularse aproximadamente en un 40% en los últimos 7 años. A partir de la crisis de 2002, el PBI descendió a 12 mil millones de dólares, mientras hoy está llegando a los 40 mil millones de dólares, cifra récord en la historia del país. Y a pesar de eso, el déficit fiscal se va a mantener en forma irresponsable, por lo que el capital privado pasa a ser un punto clave en la economía nacional.

El FA, en especial algunos de sus sectores, han evitado hablar de la asociación público-privada y han inventado la figura del Contrato, como el mejor instrumento para ponerle "media suela" a su conciencia socialista. Desde el retorno a democracia y hasta el año 2004, el Frente votó en contra de todas las leyes que consideramos esenciales para la modernización del país. Fue así que la Ley de Zonas Francas, la Ley de Puertos, la Ley Forestal, la Ley de las AFAP, la Ley del Marco Eléctrico y muchas más, fueron cuestionadas con la fácil imagen del "pirata capitalista" o la emblemática frase referida a la venta de las "joyas de la abuela". A pesar de eso, transcurridos seis años de gobierno no ha habido una sola iniciativa para derogar estas leyes, incluyendo la Ley de Caducidad, aún disponiendo en el Parlamento, por primera vez en los últimos veinticinco años, de mayorías absolutas para decidir a voluntad. Más aún, esta Ley de Asociación Público-Privada viene a demostrar que las ideologías aplicadas como receta, terminan en fracasos absolutos; y en especial, el socialismo que ha empezado a comprender que no hay forma de mejorar la vida de los pobres haciendo pobres a los ricos.

Por tales razones, el gobierno aparece, en cierto sentido, como rezando una misa capitalista con sacerdotes socialistas, donde hasta el hotel Conrad, cuestionado por tantos en su construcción, y en particular por el FA, es el lugar elegido por el Presidente de la República para enviar sus mensajes de tranquilidad al sector privado. Estas contradicciones sólo se explican por el peso de la realidad; y hasta el propio Presidente, en su anárquico pragmatismo, sabe bien que la lucha de clases y el dogmatismo ideológico no tienen ninguna respuesta que favorezca el desarrollo del país.

La dualidad de conductas tiene que marcarse, porque hace la diferencia ética en el ejercicio de las responsabilidades políticas. No hace mucho, la frase de "cuanto peor, mejor", era el pensamiento rector del FA. Y ahora que trata de correrse disimuladamente hacia las posiciones que siempre combatió, recoge el apoyo del Partido Nacional, que lo otorga por un simple sentido de coherencia y responsabilidad.

Pero eso no quiere decir que tengamos que coincidir en todo lo demás, porque el FA, también disimuladamente, aumenta su idea de concentración de poder fortaleciendo los monopolios públicos -léase Antel y Ancap- y aumentando el clientelismo político en forma escandalosa con el ingreso de miles de funcionarios a la Administración Pública. La inseguridad y la crisis educativa se mantienen en el ámbito de lo insoluble, sin la concreción de pomposas reformas prometidas, porque el corporativismo, viejo cliente del Frente Amplio, sigue siendo el principal obstáculo para modificaciones estructurales de fondo.

Ahora bien, cuando el FA quiera reconocer también que mucho de lo intentado antes debe volverse a impulsar, seguramente va a tener el apoyo de quienes siguen pensando igual, sin importar si se es gobierno u oposición. De todas maneras, aunque no sepamos bien a dónde nos lleva, el respaldo que pueda requerir en determinadas áreas que necesiten de un sector privado vigoroso y estimulado, siempre lo va a encontrar en el Partido Nacional. Que podrá equivocarse, pero que en su visión de país sigue siendo la garantía del Estado de Derecho, de un modelo de desarrollo equilibrado y de un concepto digno de la soberanía nacional.