La niñez desvalida

Los dos extremos de la vida -la infancia y la vejez- deben ser igualmente amparados, aunque por razones distintas, porque son las dos edades más desvalidas que recorre el hombre y han merecido por ello una abundante legislación, aunque tales normas no siempre son respetadas en la práctica. Pero la infancia tendría que ser doblemente asistida, no sólo porque lo reclama su fragilidad sino porque todo lo que ocurre en ella determina el curso posterior de una existencia, el papel que el individuo tendrá en la sociedad y los márgenes de desarrollo personal que podrá permitirse en el área de la inteligencia, en el desenvolvimiento del carácter, en el cultivo de las capacidades y en el campo de los afectos y relaciones.

Sin embargo la infancia no siempre recibe las protecciones que le corresponden, como puede apreciarse en la suerte estremecedora que a veces le toca sufrir en el mundo de hoy. Al margen de los miles de niños que mueren diariamente por hambre, por actos de violencia criminal o por enfermedades curables, hay países donde los menores (a menudo en edad escolar) son reclutados para combatir en una guerra, como sucede con la subversión colombiana, con las luchas civiles en Costa de Marfil o con la tenebrosa mística del extremismo que explota a los Niños de Dios en Uganda. Hay otros países donde la infancia es obligada a desempeñarse en trabajos infames, como la búsqueda de oro en ríos de Perú o la Amazonia, o incluso es utilizada para servir de auxiliar en la mafia de las drogas, como en Nápoles o Río de Janeiro. También hay países donde los niños y niñas pueden caer en la esclavitud sexual, como en el Sudeste asiático, para consumo de la corriente más siniestra del turismo internacional y de las redes de la industria pornográfica.

A salvo de semejantes extremos, el Uruguay tiene empero algunas deudas pendientes con la infancia y no siempre figura como un modelo en materia de atención a esa etapa de la vida. Según surge de una reciente encuesta nacional sobre trabajo infantil, en este momento hay 91.800 niños y adolescentes que trabajan, parte de los cuales se encuentra por debajo de la edad mínima (15 años) permitida por la ley para hacerlo, o cumple tareas que se consideran peligrosas por la naturaleza de las mismas o por las condiciones en que deben llevarse a cabo. La encuesta, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas, informa asimismo sobre los 1.300 menores (entre 5 y 17 años) que se dedican a la mendicidad, una condición fácilmente visible en cualquier esquina o semáforo de Montevideo y que parece ir en aumento durante los últimos años.

Desde luego, la mendicidad se vincula con la penuria, un desamparo que a su vez tiene muchas caras. Una de ellas es la de los niños que duermen en la calle, otra de ellas son los menores infractores que pueblan todos los días la crónica policial y otra más es la infancia que conduce carros hurgadores bajo la mirada escandalosamente permisiva de las autoridades. En todos esos casos ya resulta demasiado suave la calificación de "trabajo peligroso" que emplea la encuesta, aunque los carros que comercian con basura son una tarea ostentosamente cumplida por muchos niños y hasta el delito es una prolongación perversa en la esfera de las actividades humanas. Como es notorio, hay entonces un subsuelo en los niveles de trabajo infantil a considerar, que debería merecer la protección oficial y las soluciones definitivas que por el momento no obtiene.

En el extremo opuesto de esa parábola de carencias, en Aires Puros funciona una escuela pública cuyos alumnos ganaron una olimpíada de matemáticas, dejando así constancia de su capacidad y su grado de preparación. En esa escuela, sin embargo, hay once salas de clase que no tienen luz eléctrica desde hace dieciocho meses, un dato que ha sido ampliamente divulgado por la prensa. No parece haber excusa alguna para semejante falta, pero la situación debe figurar entre otros factores que denotan el abandono o el descuido que afecta en unos cuantos casos a la niñez de este país.