El gigantesco concurso para el ingreso de 2.000 municipales

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DANIEL HERRERA LUSSICH

El llamado a concurso para llenar 2.000 cargos de limpieza y trabajos vinculados a la infraestructura, despertó sorpresa y severa resistencia de la mayoría de los sectores oficialistas y la totalidad de la oposición en la Junta Departamental de Montevideo.

No se respetan normas observadas por el Tribunal de Cuentas y volverían a incrementarse las astronómicas planillas de funcionarios municipales. Para dar una idea más o menos aproximada de hasta dónde aumentará la burocracia capitalina, basta enfocar hacia el número de funcionarios actuales: algo más de 8.300 y los 10.000 que suman los servicios tercerizados, la mayoría de ellos sobrevivientes con recursos municipales.

En el portal web de la Intendencia se llama a concurso (plazo de presentación hasta el 12 de julio), fijándose condiciones que escapan a toda regla lógica: los aspirantes, entre 18 y 30 años, deberán haber aprobado 6to. año de escuela y no podrán haber cursado más allá de 6to. año de liceo. Además, será obligatorio incluir en la nómina a un 15% de hijos de funcionarios municipales.

La sugestiva y objetada decisión de incluir ese derecho hereditario vuelve a revolucionar el ambiente general capitalino que observa cómo se intenta implantar un privilegio sucesorio en los empleos públicos. Y también se insiste con un principio muy vigente en sectores partidarios de la izquierda: igualar hacia abajo.

Los ideólogos del llamado a concurso determinan que "no podrán inscribirse estudiantes universitarios", ya que consideran que "sería una competencia desleal". "La idea es que concursen por sorteo entre sus iguales", sostienen las autoridades. ¿Y si hay personas con mejor preparación y disposición de trabajo?, inquirimos. La respuesta no admitió dudas: queda afuera, aunque argumente, pruebe sus condiciones y en ese momento se encuentre desempleado.

El polémico decreto, abriendo las puertas al derecho de "herencia de empleos municipales", fue aprobado por el intendente y su gabinete en el año 1993. En el art. 70 de la resolución comunal de la época se fijó, como condición "sine qua non", que el 15% de todos los concursos o llamado a aspirantes para cargos municipales fueran ocupados por hijos de funcionarios. La iniciativa fue "bombardeada" desde todos los ángulos y en especial por el Tribunal de Cuentas. Pese a esa pública resistencia se hizo oídos sordos y siguieron ingresando parientes. El "derecho hereditario" funcionó a la perfección. Intentamos indagar, en mala hora, porque recibimos una terminante respuesta sobre cuántos parientes ingresaron por esta vía: "Es imposible saberlo, daría un trabajo increíble investigarlo durante casi 15 años".

voces contrarias. Y ahora, se oyen las discrepancias desde todas las tiendas partidarias. Pero llama la atención que manifiesten su absoluto desacuerdo sectores que integran el gobierno municipal, desde la mismísima y activa intendenta Ana Olivera, todo el MPP del presidente Mujica y Asamblea Uruguay. Surge entonces el interrogante: si todos en su discurso se oponen, ¿qué razón motiva que se siga incluyendo en la convocatoria para 2.000 cargos que el 15% tiene que ser destinado a familiares de actuales funcionarios municipales?

Nadie ofrece una explicación razonable. Argumentan: "¡Hay que derogar esa disposición!", "hay voluntad política para encarar el tema". Realmente es extraño, el cuestionado derecho hereditario aparece en el nuevo llamado y todos claman por anularlo o sustituirlo, pero hasta ahora son solo palabras y buenas intenciones.

Otro tema que también despierta críticas radica en la obligación para los funcionarios que ingresen, de permanecer 10 años en el mismo escalafón. La idea de mejorar y ofrecer mayor rendimiento para ascender en la comuna parece ser que no cuenta para los jerarcas, lo asimilarían a una condicionante de segundo orden.

Finalmente la intendenta Olivera decidió que la posible anulación o modificación del decreto de los cargos "hereditarios" quede en manos de los ediles. ¿Qué busca por este camino la jerarca capitalina? Sin duda evitar un duro "choque" con Adeom, la poderosa y radical gremial (aunque ahora es mayoría el sector moderado) que defiende "a capa y espada" el decreto que fija el 15% hereditario. La gremial sostiene que en su momento, 1993, se suscribió un acuerdo con el entonces intendente Tabaré Vázquez y la Junta Departamental para su aplicación, por lo cual ahora luchará con todas sus armas gremiales contra su derogación. El propio presidente de Adeom, Camilo Clavijo, argumenta, en una evidente y extraña contradicción, que son partidarios de fijar topes estudiantiles a la hora de llamar a concursos.

Los 14 ediles blancos y colorados, en minoría en el gobierno municipal, se han opuesto desde la aplicación del decreto.

Recién ahora ante el cambio de actitud del oficialismo sumarán sus votos y harán oír su voz, para derogar el "famoso decreto de la herencia funcional", o podrían presentar su propia iniciativa.

En la actualidad la Intendencia de Montevideo cuenta con 8.300 funcionarios. Y no hay que olvidar que la co-muna tiene múltiples servi-cios tercerizados, entre otros, con la empresa que retira los vehículos de la vía pública por obstaculizar el tránsito o violar las normativas, con múltiples ONG que se encargan de sectores de la limpieza, así como con cooperativas que se encargan de la vigilancia y seguridad de espacios públicos, o con los que reparan los contenedores rotos. También existe un sector tercerizado de limpieza en Centro y Ciudad Vieja o los 6 mil carritos que deambulan por Montevideo y realizan la recolección. Pero hay otros varios, como la administración de las policlínicas, y un largo etcétera.

Se estima en un cálculo no demasiado optimista que por esta vía se suman cumpliendo servicios 10 mil personas, una buena parte que cobra de recursos municipales.

Ese vasto cuadro burocrático alcanza las casi 20 mil personas. ¿Es necesario un llamado para 2.000 empleados más? ¿No puede realizarse un reacomodamiento del personal para no aumentar las abultadas planillas actuales? En caso de ser inevitable, ¿no sería más conveniente que se llamara a organismos tercerizados que representan menores gastos salariales y de beneficios y no sumarlos a las gastadas arcas de la Intendencia de Montevideo con un déficit presupuestal de más de 500 millones de pesos?