Un abuso

La intendencia de Montevideo llama a aspirantes a cubrir 2.000 cargos del escalafón obrero, pero los reserva para aquellos que no cursaron estudios más allá de Primaria al tiempo que otorga un cupo de 300 para hijos de actuales funcionarios. Salta a la vista la arbitrariedad del llamado ante la mera enunciación de sus bases. Arbitrarias e inconstitucionales pues violan el artículo 8 de la Carta que consagra la igualdad ante la ley y porque legitiman una suerte de derecho hereditario al cargo público.

En primer lugar cabe preguntarse desde cuando es legítimo topear el nivel educativo de un aspirante. Basta con que hayan cursado un año de liceo para que queden afuera de las bases, algo que choca contra el sentido común porque si bien se trata del escalafón obrero nada indica que la mejor formación deba operar como limitación para ingresar a la intendencia. No son válidos argumentos tales como que el "exceso de preparación" conduce a una "futura frustración" de quienes tienen más estudios. No hay razones para negarles el derecho a presentarse.

Tampoco las hay para privilegiar a los concursantes por la simple razón de que son hijos de funcionarios, reservándoles, como hace la comuna capitalina, un 15% de los puestos a cubrirse. No hay norma que respalde esta concesión que propicia la creación de una suerte de casta de funcionarios que trasmiten sus derechos de generación en generación. Si bien la jerarca ahora ha dicho que tal vez revea la propuesta, la Junta Departamental debe llamar de inmediato a sala a la intendenta Ana Olivera y exigirle una rectificación de procederes. De igual manera, se aguarda que el Tribunal de Cuentas observe el proceder inconstitucional y abusivo de las autoridades municipales.