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E. DELGADO / P. MELÉNDREZ

El caso del espionaje telefónico a un exdiputado blanco dejó al descubierto que funcionarios de empresas que cumplen servicios para Antel tenían acceso a información confidencial de los clientes.

La exfuncionaria de Antel denunciada por espionaje declaró ayer ante la Justicia. En 2009 esta persona era empleada de una empresa privada cuando accedió a los registros telefónicos del entonces diputado.

El juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz tomó ayer las primeras declaraciones en el marco de la denuncia presentada por un ex legislador blanco (actual asesor letrado en un ente público), que denunció en Antel entre 2008 y 2010 que las llamadas y mensajes de texto que enviaba y recibía en su celular eran interceptados.

El magistrado tomó declaración a la exfuncionaria acusada de haber obtenido la información del sistema informático de Antel. La mujer, que trabajó para Antel desde 2008 hasta este mes de junio, compareció como indagada y fue representada por el abogado Gastón Chaves.

También ayer el juez Díaz tomó declaración a dos gerentes de Antel que brindaron testimonio como testigos. A su vez declaró el exdiputado, quien ratificó la denuncia, y un amigo suyo, quien tiene a su nombre el servicio celular, dijeron fuentes judiciales a El País.

Agregaron que según la información que consta en el expediente, todo tiene un trasfondo familiar, ya que la denunciada es amiga de la ex pareja del denunciante. Esta mujer estaba citada ayer, pero no declaró, aunque justificó su ausencia ante el juzgado.

En 2008 y 2009, el entonces legislador nacionalista solicitó a Antel que se investigue el caso. En 2010 reiteró el pedido al Directorio del ente, que ordenó el inicio de una investigación administrativa, la que verificó que había sido revisado el tráfico de llamadas y la ubicación geográfica de su celular. Además la investigación identificó a la exfuncionaria como la responsable del espionaje.

En ese marco, la trabajadora admitió "haber investigado los listados de tráfico" de llamadas y mensajes de texto del denunciante, a pedido de su expareja.

Eso fue posible porque el sistema informático que usa Antel para la telefonía celular permite conocer el registro de llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes y rastrear su localización en base a las señalas que los aparatos emiten hacia las radiobases.

La investigación de Antel señaló que la empleada realizó "irregularmente estos hechos en el período comprendido entre el 15 de junio y el 18 de agosto de 2009". Agrega que el sistema utilizado tiene auditoría a partir de marzo de 2009, "por tanto no se puede afirmar ni desestimar que haya o no habido pesquisa antes de esa fecha, pero no es posible descartar absolutamente a posteriori".

Las fuentes explicaron que la investigación administrativa de Antel -que concluyó que la funcionaria incurrió en "notoria mala conducta"- ya fue agregada al expediente judicial, por lo que estimaron que, una vez que declaren todos los involucrados, la fiscal Mónica Ferrero estará en condiciones de pronunciarse respecto a si existió o no un delito.

Contrato. En la pasada jornada la presidenta de Antel, Carolina Cosse, fue consultada por varios medios sobre este caso y entró en contradicciones.

"La persona no fue ni es funcionaria de Antel. Era empleada de un contratista de Antel y en 2010 fue contratada a término dentro de Antel", sostuvo, con lo que dejó en claro que la indagada trabajaba para una empresa tercerizada del ente en 2009, cuando accedió a información confidencial de un usuario.

"Tomé conocimiento en el día de hoy (por ayer) a través de nuestra área de Asesoría Letrada, que en agosto de 2010 se había presentado una denuncia contra esa persona, que había sido contratada a término en junio de 2010", expresó Cosse.

Agregó que "la renovación del contrato a término de esta persona debería haberse hecho en junio y no se hizo por sugerencia de asesoría letrada, que ya había culminado la investigación administrativa", por lo que "esa persona no está vinculada de ninguna forma a Antel en este momento".

"No se pudieron tomar medidas porque no era funcionaria de Antel", declaró Cosse. De esa forma intentó explicó por qué el ente no presentó denuncia penal una vez confirmado el espionaje al exdiputado.

La presidenta de Antel agregó que el damnificado realizó una denuncia penal en un juzgado del crimen organizado "porque siempre que esté involucrado un organismo público se dirigen hacia ahí las denuncias".

Cosse dijo que en Antel hay "muchos funcionarios que tienen acceso" a la información del tráfico de llamadas de los usuarios, y aseguró que existen "los mecanismos de seguridad de la información para dar las garantías correspondientes".

La presidente del ente dijo que, así como en un sanatorio "cientos de empleados tienen acceso a la ficha médica" para dar datos a quienes se atienden si lo solicitan, y "de la misma forma que los policías tienen acceso a los antecedentes", Antel tiene funcionarios con acceso a información de los clientes "con las garantías correspondientes".

Para la jerarca, "en este caso los servicios de Antel reaccionaron por demás bien". Acotó que "los sistemas de seguridad de la información no son un búnker 100% infalible".

En sus declaraciones por la mañana, Cosse negó que gerentes de Antel hayan sido citados por la Justicia. "Ni yo, ni el Directorio, ni el área de Asesoría Letrada, ni el gerente general, tenemos noticia de eso", dijo.

En horas de la tarde, el juez Díaz tomó declaraciones a dos gerentes de Antel.

Ursec. Por otro lado, la Unidad Reguladora de Servicios de Telecomunicaciones (Ursec) evalúa si jurídicamente tiene potestades para intervenir ante el caso de espionaje en Antel, informó a El País el presidente del organismo, Gabriel Lombide.

El jerarca explicó que la Ursec no estaba al tanto de la situación denunciada por el exdiputado nacionalista en Antel y ante la Justicia, y como ahora el tema se conoció públicamente, se evaluará si la dependencia tiene, por su marco legal, potestades para tomar cartas en el asunto.

"Es la primera vez que ocurre algo como esto y queremos saber qué es lo que podemos hacer", dijo Lombide, quien indicó que la asesoría jurídica de la Ursec estudiará la situación para determinar si le corresponde o no actuar.

"Por ahora no tenemos posición al respecto, porque es un hecho reciente, pero queremos tener presente el episodio para saber cómo actuar en el futuro ante posibles situaciones similares", agregó Lombide.

El Directorio de Antel al final del gobierno de Tabaré Vázquez y al comienzo de la gestión de José Mujica fue centro de fuertes cuestionamientos públicos. El más sonado fue el caso del exvicepresidente Gonzalo Perera, quien primero denunció haber sido amenazado presuntamente por temas ligados al ente y, en julio de 2009, simuló un intento de homicidio en su contra. Debió abandonar el cargo. A pedido de Vázquez, Gladys Uranga -funcionaria de carrera de Antel- presentó renuncia a su puesto de directora en setiembre de 2009, luego que se confirmó que un hijo ingresó a trabajar al ente. El expresidente de Antel, Edgardo Carvalho, también renunció en esa fecha, tras conocerse que se contrató a una persona que se hizo pasar por amigo del entonces prosecretario de Presidencia, Jorge Vázquez. Y la actual presidenta de Antel, Carolina Cosse (foto) fue criticada por contratar como asesor en comunicación a Martín Fabregat, sobrino del secretario de la Presidencia Alberto Breccia e hijo de la periodista Sonia Breccia. El contrato fue revocado.