Colegios quieren saber si pedido de DGI es legal

La Dirección General Impositiva (DGI) y los colegios privados le solicitaron a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp) - órgano deconcentrado de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic)- a que se expida sobre la legalidad de solicitar información personal por parte del organismo fiscalizador a los padres de alumnos que concurren a instituciones educativas privadas.

Según informó ayer a El País el presidente de la Asociación Uruguaya de Colegios Católicos, Marcelo Fontana, tras la reunión que se mantuvo con las autoridades de la DGI, los colegios solicitaron una prórroga antes de enviar la información para tener en cuenta el fallo de la Urcdp.

"Por el momento, el pedido de información a los padres queda en suspenso. Los colegios han solicitado una extensión del plazo y la DGI nos comunicó que aceptaba la prórroga", explicó Fontana.

La DGI tiene "especial interés" en que la resolución salga "cuanto antes", añadió. Por ese motivo, es probable que el fallo de la Urcdp salga sobre fines de este mes.

La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales sesiona una vez por semana y trabaja con personal honorario. Esta entidad se encarga de controlar la forma en que se manejan los datos dentro del Estado. Debe velar por garantizar el derecho a preservar la intimidad de los datos que las personas brindan, para que no sean utilizados con otros fines, así como brindar información a los particulares que lo soliciten.

Hace dos semanas El País informó que la DGI solicitó información a al menos tres colegios privados de "alto nivel de cuota" sobre los padres de los alumnos con el objetivo de cruzar datos y detectar evasores.

En total, la DGI ha pedido a 10 colegios privados información sobre los padres de los alumnos.

El organismo fiscalizador pretendía cruzar información y verificar o descartar inconsistencias con las declaraciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Algunos expertos jurídicos habían considerado este herramienta de la DGI como "un abuso de potestades" y creen que puede violar el secreto profesional.