La Junta Departamental de Montevideo vivió una sesión atípica ayer, cuando los 16 ediles del Frente Amplio se levantaron de la sala, ante el intento de los representantes blancos y colorados de votar una declaración que repudiaba el proyecto interpretativo que anula la ley de Caducidad que se estaba sometiendo a votación anoche en la Cámara de Diputados.
A pesar de ser mayoría y tener todas las facultades para no aprobar la declaración que promovía la oposición, los ediles oficialistas se retiraron de la sala entre gritos y acusaciones: "¡golpistas!", "¡censores de la oposición!", "¡seudodemócratas!".
"De todo les dijimos", relató a El País el edil colorado Flavio Beltrán.
La declaración que propuso la oposición rezaba, entre otras cosas: "Los ediles de esta Junta Departamental (...) denunciamos, advertimos y proclamamos que los valores cívicos, el fervor democrático, el carácter innegociable de la defensa de la Constitución y las leyes, el sistema Republicano, la Democracia, el libre sufragio, son principios inclaudicables, que nos posicionan en la defensa y en la denuncia cuando personas, instituciones o partidos políticos, ignorando la voluntad expresada en dos oportunidades en las urnas, se creen con la potestad de ignorar, interpretar y mostrarse indiferente sobre la voluntad del soberano".
"Simplemente se levantaron y se fueron", afirmó a El País el edil Juan Curbelo, del Partido Nacional, quien además agregó que "esta actitud cobarde y poco democrática le hace un daño enorme a la Junta".
Curbelo explicó también que la salida de los ediles del Frente Amplio, que dejó sin quórum la sesión, impidió que se votara el orden del día, en el que estaba incluido un asunto catalogado de "grave y urgente".
Se trataba de una donación de US$ 500.000 del gobierno de Estados Unidos para la construcción de un espacio de recreación en la zona de Santa Catalina, y estaba catalogado de esa manera ya que de no pronunciarse "se corre el riesgo de perder la donación", explicó el nacionalista.
Por su parte, los ediles colorados emitieron otra declaración en la que comunican su "profunda preocupación por el atropello a las decisiones del soberano, que se constituirían en caso de ser aprobado el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad".
El edil colorado Beltrán, quien vio censurada la constancia de sus argumentos en las actas de la sesión, ya que fueron consideradas de "perfil político", afirmó a El País: "Voto afirmativo (a la declaración de repudio) porque como miembro del partido de Garibaldi no puedo permanecer callado ante este desconocimiento de la voluntad del pueblo, este atropello a la Constitución que configura la degradación del sistema republicano en un hecho inédito que ni los propios militares se animaron a hacer".