Reconciliar orientales

A medida que se acercan las fechas finales sobre la aprobación o no de las modificaciones de la ley de caducidad, crece la inquietud política respecto a la misma y, sobre todo, a la actitud que habrá de asumir el Presidente Mujica, en el caso de serle presentada para su promulgación.

No está demás, entonces, proceder a reconstruir el escenario en medio del cual surgió dicha ley, a fin de tener presente todos los elementos posibles para juzgarla en sus reales dimensiones.

Es conveniente recordar que la revolución castrista de 1959 soliviantó a toda América Latina, tanto por sus objetivos marxistas como por su prédica de acudir a la lucha armada para alcanzarlos. El Uruguay no permaneció indemne a esa influencia perniciosa. Para peor, dicho fenómeno se desarrolló en el marco de la "guerra fría" entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los dados estaban echados y los bandos conformados con toda claridad.

En nuestro país, la guerrilla urbana tupamara se transformó en un factor de inestabilidad social, política, económica e ideológica. Durante la década de los 60 y, luego, en 1970, 71 y 72, el país vivió en un tembladeral. Resumamos: asaltos a bancos, "expropiaciones" para financiar el movimiento sedicioso, copamiento de Pando, incendios, atentados, extorsiones, secuestros de uruguayos (dos veces a Pereira Reverbel) y cónsules extranjeros, asesinatos, robo y desaparición de la Bandera de los 33 Orientales (¿nadie la reclama a los gobernantes...?) y una larga serie de atropellos de toda índole. La violencia se había instalado entre nosotros.

¿Qué hacer? La policía era incapaz de encarar esta situación. El presidente Gestido hizo aprobar una Ley de Emergencia (8/IX/67) y, luego, Medidas Prontas de Seguridad (19/X/67). Las FF.AA. se hicieron cargo de la situación y aplastaron a los sediciosos. Actuaron con enorme eficacia. Eliminaron de raíz el problema... Pero en ese momento -y más tarde, mucho más- cometieron excesos, apremios físicos, detenciones y destituciones a granel. Terminó la institucionalidad y comenzó el gobierno cívico militar. Duró 12 años. Interín, los militares sometieron a plebiscito un proyecto constitucional que, de aprobarse, los hubiera mantenido con enorme gravitación en el gobierno. La ciudadanía lo rechazó. Respetaron su veredicto y fueron fieles a su palabra de realizar elecciones en 1984. El triunfo del Dr. Sanguinetti permitió iniciar la reconstrucción de nuestra democracia. Había que unificar voluntades, reconciliar espíritus y superar las divisiones existentes. De ahí la aprobación de la Ley de Amnistía (8/III/85), que liberó a presos "políticos" (sediciosos terroristas) y a delincuentes comunes (esto último incrementó la criminalidad en el país). De inmediato se acrecentó entre los militares el temor a ser llamados por la justicia a rendir cuenta por los eventuales excesos cometidos años atrás. Y entonces, con el argumento de que, si se había otorgado la libertad a quienes habían atentado contra la Constitución, las leyes y los derechos humanos, ¿por qué habría de juzgarse a quienes los habían combatido?

Así surgió -como contrapartida de esa amnistía- la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (22/XII/86). Ahora, 25 años después, se la intenta "interpretar", una tarea que está a cargo, precisamente, de parlamentarios y miembros del Ejecutivo que, tiempo ha, militaron en las filas de la subversión. No fueron ni serafines ni querubines: fueron terroristas.

Es tan descabellado este propósito -no sólo desde el punto de vista constitucional (ignora el resultado de dos plebiscitos sobre dicha ley) sino, también, desde la óptica del sentido común- que su insensatez se atenuaría, únicamente, si al mismo tiempo, propusieran lo mismo en la ley de amnistía, pues ambas son estrictamente complementarias.

Lamentablemente, en el Uruguay no se quiere ni olvidar ni perdonar. Se quiere revanchismo, como dijo Monseñor Cotugno. Hay que superar esa deficiencia.

Claro está que son muy respetables los sentimientos de quienes perdieron a sus seres queridos, o los torturaron. Pero hay que tener en cuenta, también, que los policías y los militares ofrendaron más muertos que los sediciosos en aquella trágica contienda.