Free shop: tribunal ratifica absolución

El Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno confirmó la decisión de la jueza Adriana De los Santos, que el año pasado absolvió a siete personas (cinco empresarios y dos empleados de free shops del Chuy) que habían sido procesados en diciembre de 2009 acusados de integrar una organización dedicada a contrabandear whisky y perfumes de alto costo hacia Brasil.

Los procesamientos habían sido dispuestos por el ex juez Federico Álvarez Petraglia, quien junto al fiscal Diego Pérez, concluyó que los enjuiciados habían incurrido en los delitos de "contrabando" y "asociación para delinquir".

Así, fueron enviados a prisión los empresarios Víctor Mesa, Santiago Moneta, Guillermo Martínez y Sebastián Laso (responsables de dos free shops en el Chuy), así como el ciudadano paraguayo de origen árabe Ahmad El Age. También fueron procesados pero sin prisión dos empleados de uno de los locales.

Las defensas de Mesa (a cargo de los abogados Amadeo Otatti y Mario Spangenberg) y de Martínez (llevada a cabo por la abogada Cecilia Salom) recurrieron la resolución de Álvarez Petraglia. Luego de que éste renunciara al Poder Judicial, el caso fue asumido por la magistrada De los Santos, quien concluyó que no hubo delito y por eso absolvió a todos los procesados, tanto los que habían apelado como a los que no.

El fiscal Pérez apeló esa decisión porque, a su juicio, sí existió delito. Pero el Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno, en una resolución notificada ayer, confirmó las absoluciones. Los demás procesados son defendidos por los abogados Jorge Barrera, Gúmer Pérez y Gonzalo Vertiz.

"No puede menos que concluirse que fue correctamente revocada la resolución que inició el presente proceso criminal por cuanto los delitos que le dieron mérito no son tales", dice la sentencia, a la que accedió El País.

El fallo, redactado por el ministro José Balcaldi y firmada por los jueces William Corujo y Alfredo Gómez, señala que "no hay contrabando con mercadería en tránsito".

La jueza De los Santos había señalado en su resolución absolutoria que no existen pruebas "que determinen la operativa de ingreso, egreso y traslado" ilegal de mercaderías ni tampoco ninguna "irregularidad o anomalía en la documentación o transporte de la mercadería".