El Estado uruguayo y los tres bancos extranjeros ex socios del quebrado Banco Comercial, alcanzaron un acuerdo para poner fin a un litigio que se arrastra desde la crisis de 2002. El acuerdo implica el compromiso del Estado de pagar US$ 118,5 millones a los tres bancos, y el levantamiento de varios embargos entablados por la DGI.