Democracia y prosperidad

La inmensa mayoría del país quiere vivir en una sociedad que sea socialmente justa y económicamente próspera. Los disensos se multiplican cuando llega el tiempo de valorar las distintas formas de alcanzar ese designio colectivo.

En efecto, en políticas públicas abundan los modelos diferentes. No es lo mismo el sistema de representación federal alemán, que el canadiense o el brasileño; ni es la misma redistribución del ingreso la que se opera en España o en Finlandia. No son similares las prioridades nacionales de ahorro público en los Estados Unidos de Obama, o en la Gran Bretaña de Cameron. Tampoco tienen políticas iguales de seguridad social, de vivienda, de salud, o de educación, países como Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Austria, Japón o Corea del Sur.

Sin embargo, a pesar de enormes diferencias de enfoques, énfasis y sentido de las prioridades, todos estos países presentan algo en común. Todos transitan caminos de prosperidad y de justicia desde la aceptación de un paradigma político que es conjugado con consenso por sus sociedades: el de la democracia representativa liberal. Porque todos entienden que este sistema de gobierno es la única forma de garantizar la libertad individual, la igualdad ciudadana, la prosperidad colectiva y la solidaridad social con criterios de justicia.

Así, todos ellos reconocieron el gran legado histórico que nos dejó el siglo XX: los regímenes fascistas y comunistas -la Rusia de Stalin, la Italia de Mussolini, o la China de Mao, entre tantos otros-, fueron de una naturaleza y perversidad tal que, como escribiera Hannah Arendt, el Hombre en sí era el superfluo.

Uno de los problemas más graves que vivimos en nuestro continente, y que ha ido ganando protagonismo en la escena de nuestro país, es que no existe por estas latitudes ese sustancial consenso democrático. En particular en Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Perú y Argentina, se alzan voces que recogen importante apoyo ciudadano y que descreen de la democracia liberal y representativa. No se asegura el Estado de derecho; no se consolida la división de poderes; se pone en tela de juicio la libertad de expresión; se definen enemigos internos para liquidar el pluralismo.

Así, se afirma una tentación latinoamericanista, populista y antiliberal, que pone en entredicho valores y prácticas políticas democráticas que, en otras regiones del mundo, son condición incuestionable del camino colectivo hacia la prosperidad.

En nuestro país y hasta los años sesenta del siglo pasado, conjugamos como nadie en el mundo el verbo democrático. Pero, poco a poco, la tentación latinoamericanista fue ganando adeptos. Hoy, por ejemplo, son centenares los profesores de enseñanza secundaria y de la Universidad, y miles los militantes de izquierda, que reniegan de los valores democráticos y liberales que fundaron nuestra convivencia histórica.

Es así que ellos adhieren convencidos a la acción de la vanguardia iluminada frenteamplista que en el Senado contradijo la voluntad soberana del pueblo, libremente expresada por dos veces en veinte años. Y lo hacen además, a sabiendas de que dicha votación echa por tierra principios generales del Derecho, como el de la cosa juzgada, y que de esta forma se arremete contra garantías individuales que aseguran el ejercicio de la Libertad.

Cuando el economista Talvi alertó hace poco sobre la degradación preocupante de nuestras instituciones democráticas y sobre sus consecuencias negativas para la aspiración al crecimiento sostenido de nuestra economía, seguramente no pensó que pocos meses más tarde el escenario político fuera a tornarse tan sombrío. Porque ahora, con la votación del 12 de abril, el Frente Amplio ha sido contundente en la expresión de su convicción antidemocrática.

A pesar de que la izquierda caiga en la tentación latinoamericanista, la experiencia de todos los países exitosos del mundo muestra que sin democracia no hay sociedad próspera, justa y libre. Importa tenerlo bien presente para construir el futuro nacional.