JUAN ORIBE STEMMER
Los recursos son cada vez más escasos en comparación con las crecientes demandas sociales. Por ello se necesita evaluar constantemente cómo se utilizan esos recursos y cómo hacer para obtener mejores resultados a partir de ellos. Así debe ser en todos los niveles, desde la economía familiar a la del Estado.
Los estudios sobre el sistema de la enseñanza revelan que aquel no consigue sus objetivos fundamentales. La circunstancia de que el considerable aumento en el presupuesto de la enseñanza pública en los últimos años no se haya traducido en mejoras significativas del rendimiento revela que el problema no es el cuánto se gasta, sino el cómo.
En este contexto es oportuna la entrevista al Lic. Daniel Corbo publicada en Búsqueda, el jueves pasado. Representante del Partido Nacional en el Codicen, Corbo es Licenciado en Historia, fue director General del Consejo de Enseñanza Secundaria (período 1995-2000) e integrante del Codicen (2000-2004). Hoy es el único representante de la oposición en el total de 17 cargos de toda la ANEP. Esta circunstancia es todo un comentario.
Para Corbo, durante mucho tiempo, nuestra sociedad "tuvo la ilusión de que la educación uruguaya era buena" pero, agregó, "hoy el velo ha caído" y nos despertamos ante una realidad muy distinta.
La realidad de la enseñanza pública, dijo, supone tres consecuencias importantes. La primera es la "pérdida de oportunidades de futuro de vida para los jóvenes -que terminan fracasando-, que acaban fuera del sistema educativo". La segunda es comprometer "el entramado de integración social del país. El tejido de integración del país va a sufrir si un conjunto muy numeroso de jóvenes descolgados del sistema educativo no encuentran luego como insertarse en la sociedad". La tercera será "un impresionante freno al desarrollo nacional conseguido con el valor agregado del conocimiento".
Es cierto que el actual estado de cosas es en buena medida el resultado de procesos de largo plazo y obedece a un conjunto amplio de factores (algunos de los cuales, quizás los más gravitantes, están fuera del ámbito de la enseñanza). Pero, Corbo tiene razón cuando observa que la política del gobierno anterior, de "entregar a los sindicatos una porción muy importante del poder de decisión en la educación" significó una verdadera "privatización" de la enseñanza y produjo "una suerte de enfeudamiento sindical de la lógica de funcionamiento de los Consejos de Enseñanza" que "reduce la lectura de la realidad educativa".
La consecuencia es que la parte gremial no solo representa los legítimos intereses de los trabajadores, sino que ejerce también el poder dominante sobre la definición de las estrategias de enseñanza y su aplicación.
En cambio, el gobierno, que debería tutelar los valores y los intereses compartidos de la Nación en su conjunto, se mantiene al margen, parece carecer de la voluntad de asumir sus responsabilidades esenciales y no emprende las necesarias transformaciones de la enseñanza.
Llegó el momento de lograr un pacto nacional en educación. Pero para ello se requiere voluntad y responsabilidad política en todos los protagonistas.
"No se pueden demorar más las reformas en la enseñanza, porque el daño será irreparable".