ANDRÉS LÓPEZ REILLY
Los conductores que tengan multas pendientes de pago no podrán renovar la libreta, según un artículo agregado a último momento a la Ley de Presupuesto de la IMM. También se deberán reconocer las deudas para retirar autos guinchados.
La votación del Presupuesto Quinquenal de Montevideo en Junta Departamental culminó dentro del marco de lo previsto: con fuertes críticas de la oposición por la "voracidad fiscal" de la Intendencia y la defensa de los ediles del Frente Amplio de un proyecto de ley que, aseguran, incrementa la inversión en obras y atiende varios de los problemas acuciantes de la ciudad, como el de la limpieza.
Como diera cuenta El País en su edición de ayer, el retiro por parte de la Intendencia, a último momento, de un artículo sobre la Contribución Inmobiliaria, que abría la puerta a demandas de los contribuyentes, fue la nota inesperada y más controvertida del día.
Pero además, la administración de la intendenta Ana Olivera agregó dos artículos para recuperar adeudos vehiculares.
El primero de ellos confirma que los vehículos en infracción que queden "a depósito" de la Intendencia, se liberarán contra el pago de la multa, guinchado y derecho de ocupación de piso. Este artículo también señala que cuando el propietario, conductor, usuario o poseedor mantenga deudas de tránsito, el vehículo podrá liberarse "previo pago de los montos anteriormente mencionados y/o en su caso suscrito el reconocimiento y financiación de adeudos, en la forma que establezca la reglamentación". Esta norma flexibiliza la imposición hasta ahora vigente de tener que saldar las deudas inmediatamente para poder retirar un vehículo. No obstante, otro artículo señala nuevas exigencias para sacar o renovar la libreta de conducir.
"Cuando se solicite la expedición de nuevas licencias de conducir, renovación o duplicado de las mimas y el solicitante mantenga deudas por concepto de contravenciones a las disposiciones reguladoras de tránsito, se podrá tramitar la expedición del documento correspondiente previo reconocimiento de adeudos por parte del gestionante en la forma que establezca la reglamentación", indica el texto que terminó de ser aprobado, en la madrugada de ayer, con los únicos votos de los ediles del Frente Amplio.
"INCONSTITUCIONALES". El edil nacionalista Alvaro Viviano dijo a El País que con estos artículos "se reconoce la deuda y se genera un título ejecutivo, o sea, la posibilidad de un juicio de ejecución rápida". Para el legislador, se trata de disposiciones que son "claramente inconstitucionales".
"Van más allá de las facultades que tienen los gobiernos departamentales por la Constitución y la ley, porque solo pueden establecer sanciones de carácter pecuniario por violación de sus ordenanzas. El espíritu de estas dos normas entraña en ciernes una línea confiscatoria, puesto que si no documentás, se quedan con lo que es de tu propiedad", explicó Viviano.
PEDIDO DE RENUNcia. Buena parte de las discusiones que se dieron en el Plenario de la Junta se centraron en el problema de la recolección de residuos. La nota saliente fue el planteo del edil herrerista Edison Casulo, quien reclamó que el cargo del director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Juan Canessa, "por el rotundo fracaso del Plan de Impacto, en el cual se basó la campaña electoral de la intendenta Ana Olivera".
Esto provocó la reacción inmediata del edil oficialista Pablo González, quien calificó a los parlamentarios de la oposición como "los ediles del NO" y cuestionó las declaraciones de éstos que fueron publicadas en "el diario caganchero" El País.
González dijo que "siendo satisfactorias las explicaciones dadas por los señores directores, (…) entonces ahora se nos hace este planteo carente totalmente de legitimidad".
"El compañero Juan Canessa cuenta con el 100% de respaldo de la compañera intendenta y de nuestra fuerza política, por su compromiso con la tarea y por su hombría de bien", añadió el edil del Frente Amplio.