OIT aprobó misión de inspección a Uruguay por legislación laboral

CARLOS RÍOS

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio lugar a un planteo de las cámaras empresariales y le solicitó al gobierno que acepte una misión para analizar modificaciones a la ley de negociación colectiva.

La solicitud se hizo a través del Consejo de Administración de la OIT, un organismo de integración tripartita que sesionó hasta la semana pasada en Ginebra, y que entre otros analizó el caso N° 2699, que corresponde al de Uruguay.

Esta misión -llamada de "contacto directo"- había sido solicitada por las cámaras de Comercio y de Industria en septiembre de 2010 al director general de la OIT, el chileno Juan Somavia. Allí, los empresarios denunciaban la "omisión" del gobierno en el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT para cambiar varios puntos de la ley de negociación colectiva. Este planteo de las cámaras también fue respaldado por la Organización Internacional de Empleadores.

La ley en cuestión fue votada bajo el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) y contó con el apoyo del Pit-Cnt.

El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo ayer a El País que la solicitud de la OIT será analizada en el gabinete con el presidente José Mujica, pero no aventuró si el gobierno aceptará recibir la misión. De todos modos, Brenta afirmó que "Uruguay no tiene nada que ocultar" y que la solicitud de la misión "no implica ningún juicio de valor" de la OIT hacia la política laboral.

El ministro estuvo participando de las sesiones del Consejo de Administración de la OIT que analizó el caso uruguayo. Según fuentes empresariales, habría hecho gestiones en Ginebra para evitar la llegada de la misión. Brenta aseguró que esa versión es "falsa".

En caso que el gobierno uruguayo decida no aceptar la misión de la OIT, las cámaras empresariales igual pedirán que venga a Uruguay la directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo del organismo, Cleopatra Doumbia-Herny, a fin de asesorarlas en los cambios a la ley de negociación colectiva. En este caso, Doumbia-Herny estaría llegando en abril.

Esta funcionaria es la jefa del departamento de la OIT que produjo el primer informe que formuló varias observaciones al gobierno por la ley de negociación colectiva.

Por ejemplo, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ya había determinado en marzo de 2010 que el ejercicio del derecho de huelga y las ocupaciones de los lugares de trabajo deben respetar la libertad de los no huelguistas, así como el derecho de los empresarios a entrar a las instalaciones de sus empresas.

Pero en su queja ante la OIT, las cámaras incluyen otros puntos que también están recogidos en el informe del Comité de Libertad Sindical: la falta de garantía ante eventuales violaciones del derecho de reserva en el intercambio de información en la negociación colectiva; y la integración del Consejo Superior Tripartito donde el sector empresarial está en minoría (la OIT recomienda igual número de miembros de cada una de las partes y un presidente independiente). Antes, en noviembre de 2008, la OIT señaló la necesidad de que se promoviera la negociación voluntaria entre las partes "sin injerencia de las autoridades públicas", recogiendo otro planteo de los empresarios.

Brenta manejó la posibilidad de que el gobierno uruguayo lleve el caso a la asamblea general de la OIT, que se reunirá en junio próximo. "Para nosotros sería un orgullo, seguro recibiríamos el apoyo de los sindicatos y de varios gobiernos", sostuvo.

Según Brenta, el gobierno uruguayo ha informado a la OIT "cada paso" que se dio en materia laboral, y consideró que planteos como los de las cámaras empresariales pueden traer consecuencias para el comercio internacional uruguayo, ya que algunos países podrían frenar el intercambio a partir de las quejas ante la OIT.

En las últimas semanas el Ministerio de Trabajo abrió una negociación con el Pit-Cnt y las cámaras empresariales para acordar los cambios a la ley de negociación colectiva. Según fuentes empresariales, "todavía no hay avances mínimos".

Los empresarios pretenden que los cambios que eventualmente se acuerden en ese ámbito sean aceptados luego por el Parlamento.