La administración de Ana Olivera (PCU) ya comunicó a guardavidas que serán sancionados a partir del lunes 4 de abril por parar durante 24 horas mientras regía el decreto de esencialidad en diciembre de 2010, informó a El País el presidente de Adeom Montevideo, Álvaro Soto.
El jueves 10, el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Ricardo Prato (Partido Socialista) dijo que ya se resolvió la aplicación de 120 sanciones.
Los funcionarios sancionados serán guardavidas y obreros del Sector Limpieza de la comuna capitalina.
En tanto, Soto recordó que una asamblea de Adeom decidió la ocupación de los lugares de trabajo si la Intendencia aplica las sanciones. "No vamos a esperar que llegue el 4 de abril para tomar medidas", advirtió.
El dirigente gremial recordó que la administración Olivera utiliza un decreto del ex presidente colorado Jorge Pacheco Areco para efectivizar las penalizaciones contra los funcionarios movilizados durante la esencialidad.
En el diferendo con la IM por esta causa, Adeom ya recibió el apoyo de otros gremios como la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), el Sindicato de Trabajadores Marítimos (Sutma), la Federación de Municipales y el Sindicato Postal, dijo Soto.
Algunos de estos sindicatos están orientados por dirigentes de extracción comunista, quienes rechazaron las sanciones a los municipales por considerar que coartan el derecho de huelga. De esa forma, se enfrentan a una decisión de la intendenta Olivera, afiliada al PCU.
Soto indicó que el FA adopta "decisiones contradictorias" porque su Tribunal de Conducta Política cita al senador Eduardo Lorier y a ex diputada Alicia Pintos, ambos del Partido Comunista, por no votar en el año 2008 el proyecto de ley de Educación y no se inmuta por el hecho de que la Intendencia usa normas de Pacheco Areco.
"El mismo Frente Amplio calificó esas normas como ilegítimas. Es obvio que hay una crisis interna" dentro de la coalición de izquierda, expresó el gremialista.
Soto sostuvo que las sanciones a los funcionarios que pararon son una "vergüenza", sobre todo si se tiene en cuenta la relación que existe entre la "clase obrera y el pensamiento comunista", dijo en referencia a la filiación política de Olivera.
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